El lawfare

Lo descubierto confirma la existencia del lawfare y que el mismo se encuentra plenamente vigente entre nosotros.

Como lo explica acertadamente Rita Segato es imposible espiar como los poderes fácticos pactan, se asesoran y deciden sus estrategias, si hay un predicado del poder es el secreto, la única manera que podemos saber en qué está pensando y a dónde se dirige el poder es observando atentamente  los epifenómenos, que son los fenómenos secundarios que acompañan al fenómeno principal.

Más allá de las consecuencia jurídicas que deben existir para los involucrados en el viaje a Lago Escondido por la existencia de una serie de tipificaciones penales es muy claro que el lawfare ya ha dejado de ser algo intrincado, confuso para pasar a ser algo real y tangible, palpable.

Muchas personas aún experimentan disonancia cognitiva consecuencia de la guerra psicológica que significa el lawfare para la ciudadanía ya que desde los medios hegemónicos se crea aún en mentes críticas confusión que hace que no estén seguras si el lawfare es real o no lo es. Es real puesto que no se puede negar los hechos y las evidencias.

Pasemos a definir el lawfare: es el uso del poder judicial, especialmente en la aplicación de la ley penal para interferir en la política. Es una guerra jurídica con fines ilegítimos. Las élites de América Latina juntamente con el capital financiero internacional que combaten las políticas sociales implementadas para eliminar las profundas diferencia sociales, señalan a la corrupción como origen de todos nuestros males, siendo la lucha contra la corrupción- la cual nadie aprueba- simplemente un pretexto para estos sectores para atacar a gobiernos elegidos democráticamente por el voto popular. El poder judicial ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la voluntad popular para lo cual cuentan con el apoyo de los medios hegemónicos así lo ha expresado Lula Da Silva quien ha sido electo recientemente presidente de Brasil. Pero el lawfare no se limita a la persecución de los grandes líderes sino también a todo funcionario público que bregue por la defensa de los derechos humanos de grupos desaventajados.

Bajo la excusa de combatir la corrupción, respecto de la cual se hace una persecución selectiva, se violan las garantías constitucionales especialmente la del juez imparcial. Intervienen en el lawfare el Ministerio público fiscal y algunos jueces dispuestos a obtener ventajas personales concretas. Llega así la anunciada sentencia condenatoria y con ello se produce la muerte no física como en las dictaduras militares sino la muerte jurídica y legal para que “el enemigo” quede imposibilitado de actuar en la vida política electoral.

Se desvirtúa totalmente el verdadero derecho penal para dar lugar al derecho penal vergonzante.

El  Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en el libro que escribiera junto a dos académicas más de la Universidad Nacional de Buenos Aires las Dras. Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis el cual se titula “¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal”, nos explica que el verdadero derecho penal es el que pone límites al poder punitivo del estado, pero este derecho penal verdadero en distintos momentos de la historia se desdibuja y abre el camino para su destrucción- como ocurrió con la inquisición o con el derecho penal nazi- y da paso a discursos legitimantes del poder punitivo a veces descontrolado y así se instaura un derecho penal vergonzante. El derecho penal vergonzante es aquel que llamado a limitar, a controlar el poder punitivo estatal no lo hace y lejos de ello no protege a las víctimas de ese poder punitivo aumentado sino que acompaña ese poder punitivo descontrolado o ilimitado. Es lo que pasó con las víctimas del genocidio nazi, donde no hubo jueces que pusieran límites a ese estado totalitario que los mandó a los campos de trabajo forzado y a la muerte y es lo que pasó en la última dictadura cívico militar en nuestro país mientras se desaparecían, secuestraban, torturaban y asesinaban personas y se apropiaban de bebés y niños, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos recurrían al Poder Judicial sin obtener protección alguna ya que se ejercía desde los tribunales un derecho penal vergonzante avalando el plan sistemático de represión ilegal instaurado por la dictadura cívico militar.

Es  por todo lo dicho que se debe realizar una reforma judicial que construya un poder judicial con legitimidad social y democrática como una forma de saldar la gran deuda que existe con la práctica política emancipadora, conforme lo explica en el mencionado libro la Dra. Gómez Alcorta especialista en derechos humanos y docente de la UBA.