
La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.


La que se inicia este lunes será una semana hábil muy corta pero de fuerte intensidad política. Muchas razones concurren a esa circunstancia, aun cuando el avance de la selección argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA convoca a la distracción.
Opinión05/12/2022
En tres días se sucederán la exposición en la Cámara de Diputados del proyecto de presupuesto 2023 por parte del ministro de Economía, la presentación de listas de candidatos para la interna del Partido Justicialista y la profundización de negociaciones con vistas al armado de los espacios políticos que participarán de los comicios provinciales de mayo. Asimismo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dará a conocer sus datos sobre pobreza e indigencia –que se anticipó serán mayores que los del primer semestre del año-, que quedarán enmarcados en la protesta de organizaciones sociales contra la posibilidad de un ajuste de los planes sociales. Y todo ello estará atravesado por el fallo en la Causa Vialidad, que tiene a la Vicepresidente de la Nación como principal acusada.
Por ahora, las elecciones sólo ocupan a quienes serán sus protagonistas y pareciera que ningún sector tiene buenas noticias. Los acuerdos en la oposición no están tan cercanos como parecieran. Juntos para el Cambio + se desagregó en el Concejo Deliberante, abultando la cantidad de bloques que a partir de esta semana se observará trabajar en el recinto. Si bien se indicó que la alianza se expresará en un interbloque, en los debates se escucharán voces disonantes dentro del sector; En la sesión preparatoria del pasado sábado no se explicaron las razones por las que se dividió la bancada radical de dos miembros. Tampoco Ahora Salta promete allanarse a un discurso uniforme con sus socios electorales. En la sesión en la que se ratificó la mesa de conducción del cuerpo, los olmedistas Emilia Orozco y Eduardo Virgili votaron en contra y dijeron que los hacían por una cuestión principista: la alternancia en el poder.
En ese ámbito, el oficialismo municipal sigue atado al saencismo, que no da señales de responder a la intendenta Bettina Romero pero no tiene mucho que mostrar como gestión en la Capital. Al gobierno provincial no le va mejor en la principal ciudad que en el resto del territorio salteño y quienes sean sus voceros deberán esforzarse para sacarle lustre a una tarea de gobierno que no tuvo ni tiene a todas consigo.
El presupuesto para el año electoral que viene y que inició el martes pasado su trámite parlamentario, no tiene mucho para entusiasmar a una población que va ampliando su lista de demandas en la medida que se achican sus posibilidades de alcanzarlas por sí misma. Quizás la distribución de obras públicas según las prioridades manifestadas por los referentes territoriales sea una de sus virtudes, al igual que el esfuerzo por mantener el orden de las cuentas públicas. Pero ello resulta en dos puntos menos de presupuesto para esa área frente a una partida asignada al proceso electoral que duplica la destinada al mismo fin en 2021 y el gasto político en general no se achica, según lo que trascendió de la propuesta en manos de los miembros de la cámara baja.
El humor social no es el mejor en este tiempo porque la inflación es uno de los datos dominantes de la realidad. No está en los resortes del gobierno local ni en el provincial la resolución de este problema pero sí la de otras cuestiones que también son esenciales y que a tres años de gestión no se arreglaron. Mejores prestaciones de servicios de salud, educación o seguridad son deudas pendientes.
Es el momento en que el mensaje sobre alimentos, energía, minería y economía del conocimiento debe tornarse comprensible. Y la política debe tener otro sentido, no el de las campañas y candidaturas.
Salta, 05 de diciembre de 2022

La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.

Se va a revisar la normativa que regula el funcionamiento de la Cooperadoras Escolares. Es la primera respuesta a una situación que cada año se repite al momento de habilitar la matrícula para cada año lectivo.

Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.

Tras las elecciones de medio tiempo, importa atender el medio tiempo que resta. Por delante hay dos años de mandato para los Ejecutivos nacional y provincial y pensarlos en términos de una renovación reducirá la apreciación de una gestión obligada a resolver severos problemas por los que atraviesa el país.

Dos millones de argentinos no fueron a votar.

La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.

Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.

El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.

Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 establece que el Estado nacional invertirá solo el 0,75% del PBI en educación. La proyección para 2026 marca el piso de inversión más bajo de los últimos 20 años.

Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.