Debate

A través de un proyecto de ley, que fue incorporado en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados, la posibilidad que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer posiciones de quienes se postulan a ocupar el Ejecutivo Provincial se tira al ruedo del análisis político y generalmente queda en una exposición mediática. La necesidad de este instrumento que las democracias de distintos países del mundo lo tienen incorporado como un paso obligado dentro del proceso electoral, se vincula con las características de la campañas actuales. Aunque al formalizar la inscripción de un partido o una alianza para participar de una elección, se debe presentar la plataforma de ese espacio político de la que –se estima- se desprenderán las propuestas y planes que debieran quedar como obligación a cumplir ya en función de gobierno, no hay preocupación por su difusión.

Sabido es que no es así la práctica habitual y hay una ciudadanía que por ignorancia o desinterés toma su decisión en base a consignas publicitarias, declaraciones periodísticas o expresiones que circulan por redes sociales. El voto universal y obligatorio no arrastra  la imperativa necesidad de los electores de conocer qué, cómo y cuándo un elenco de gobierno desplegará su gestión. 

En el proyecto que tiene trámite parlamentario se destaca esa circunstancia, tal como se debatió en el Congreso en 2016, cuando se aprobó la ley nacional que impone los debates de candidatos presidenciales. “El debate entre candidatos permite no solo garantizar a cada uno de los participantes la posibilidad de difundir sus ideas y propuestas en un plano de absoluta igualdad, independientemente de su mayor o menor caudal de votos –dice la iniciativa que está en Diputados- sino que también permite que el electorado tenga la posibilidad de conocer y de informarse de manera directa de tales ideas y propuestas de gobierno a fin de poder tomar posicionamientos frente a una elección tan trascendental como lo es la del Gobernador”. La autoría es del bloque opositor Ahora Salta y es una circunstancia que puede marcar su destino, respecto del proceso que está en marcha.

El proyecto provincial tiene gran similitud con la ley nacional 27337 que modificó el Código Electoral Nacional, para establecer la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas, según señala el artículo 64 quinquies. Por primera vez se aplicó en 2019 a través de dos rondas, una de las cuales  tuvo lugar en el interior del país. 

La escasa experiencia quizás no sea una nota que tienen en claro todos los ciudadanos, pero habrá los que –fuera de un círculo acotado de especialistas y referentes políticos, sociales y económicos- aprovecharon esa oportunidad atento a su difusión masiva en todo el territorio nacional, a través de distintos medios de comunicación. 

Encontrar razones a favor de estos debates no es una tarea compleja. Mucho más difícil es señalar reparos a toda acción que apunte a mejorar las condiciones para una toma de decisión que es fundamental para la vida comunitaria. Elegir un gobierno no exige en la Argentina ninguna otra obligación que ser ciudadano y las escasas excepciones no hacen mella en la universalidad del voto. Debiera entonces asegurarse todos los mecanismos que permitan una elección que efectivamente refleje una voluntad no condicionada por límites que el plexo normativo no impone.

Salta, 29 de noviembre de 2022