Con el propósito de elevar la cultura democrática y la calidad institucional se inició un movimiento para lograr la obligatoriedad de debates de candidatos a gobernador de la Provincia. Suele ser un tema que irrumpe en tiempos electorales y queda solamente como una mención, sin expresiones de apego cívico a una iniciativa de esa naturaleza.
Opinión29/11/2022
A través de un proyecto de ley, que fue incorporado en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados, la posibilidad que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer posiciones de quienes se postulan a ocupar el Ejecutivo Provincial se tira al ruedo del análisis político y generalmente queda en una exposición mediática. La necesidad de este instrumento que las democracias de distintos países del mundo lo tienen incorporado como un paso obligado dentro del proceso electoral, se vincula con las características de la campañas actuales. Aunque al formalizar la inscripción de un partido o una alianza para participar de una elección, se debe presentar la plataforma de ese espacio político de la que –se estima- se desprenderán las propuestas y planes que debieran quedar como obligación a cumplir ya en función de gobierno, no hay preocupación por su difusión.
Sabido es que no es así la práctica habitual y hay una ciudadanía que por ignorancia o desinterés toma su decisión en base a consignas publicitarias, declaraciones periodísticas o expresiones que circulan por redes sociales. El voto universal y obligatorio no arrastra la imperativa necesidad de los electores de conocer qué, cómo y cuándo un elenco de gobierno desplegará su gestión.
En el proyecto que tiene trámite parlamentario se destaca esa circunstancia, tal como se debatió en el Congreso en 2016, cuando se aprobó la ley nacional que impone los debates de candidatos presidenciales. “El debate entre candidatos permite no solo garantizar a cada uno de los participantes la posibilidad de difundir sus ideas y propuestas en un plano de absoluta igualdad, independientemente de su mayor o menor caudal de votos –dice la iniciativa que está en Diputados- sino que también permite que el electorado tenga la posibilidad de conocer y de informarse de manera directa de tales ideas y propuestas de gobierno a fin de poder tomar posicionamientos frente a una elección tan trascendental como lo es la del Gobernador”. La autoría es del bloque opositor Ahora Salta y es una circunstancia que puede marcar su destino, respecto del proceso que está en marcha.
El proyecto provincial tiene gran similitud con la ley nacional 27337 que modificó el Código Electoral Nacional, para establecer la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas, según señala el artículo 64 quinquies. Por primera vez se aplicó en 2019 a través de dos rondas, una de las cuales tuvo lugar en el interior del país.
La escasa experiencia quizás no sea una nota que tienen en claro todos los ciudadanos, pero habrá los que –fuera de un círculo acotado de especialistas y referentes políticos, sociales y económicos- aprovecharon esa oportunidad atento a su difusión masiva en todo el territorio nacional, a través de distintos medios de comunicación.
Encontrar razones a favor de estos debates no es una tarea compleja. Mucho más difícil es señalar reparos a toda acción que apunte a mejorar las condiciones para una toma de decisión que es fundamental para la vida comunitaria. Elegir un gobierno no exige en la Argentina ninguna otra obligación que ser ciudadano y las escasas excepciones no hacen mella en la universalidad del voto. Debiera entonces asegurarse todos los mecanismos que permitan una elección que efectivamente refleje una voluntad no condicionada por límites que el plexo normativo no impone.
Salta, 29 de noviembre de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.