Hasta ahora la funcionaria no tuvo un papel relevante en una cuestión social de trascendencia, como es la de las mujeres y las minorías sexuales. Ello hace suponer que su alejamiento no debiera generar mayores complicaciones, a menos que sea considerado en el marco de un desgranamiento que no cesa del gabinete del Presidente de la Nación. Más aún, en medio de disidencias internas en el equipo gobernante, la actitud de Gómez Alcorta pone a las claras que el Frente de Todos no ha dejado de ser más que una alianza electoral, que se enerva ante la cercanía del inicio de un año en el que deben elegirse nuevas autoridades.
De todas maneras, esta dimisión no significa el fracaso de la pretensión del gobierno de Alberto Fernández de resolver aspectos de la problemática de género, que viene produciendo más ruidos que nueces. Es la expresión de posiciones antagónicas sobre posicionamientos que tienen rasgos ideológicos sin mayor profundidad en una gestión y la muestra de la falta de conducción del proyecto. La renunciante funcionaria impulsó acciones judiciales en favor de las siete detenidas durante un operativo ejecutado por una orden presidencial.
La cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene una historia que no se extiende más allá del 10 de diciembre de 2019 y fue un compromiso de campaña, que se cumplió en las formas pero no en los objetivos. Gómez Alcorta es una referente de Mala Junta, una agrupación interna de Patria Grande, partido integrante del frente gobernante. Es abogada penalista y tuvo más relevancia como coordinadora del equipo de defensa de Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru, quien cumple una condena mientras espera el avance de otros juicios por corrupción.
La política de género no fue eficiente y así lo señalan incluso militantes de distintos sectores del feminismo, quienes aseguran que no se han resuelto las problemáticas más acuciantes de las mujeres y la diversidad sexual, que fueron visibilizadas por la activa demanda callejera de estos grupos. Siguen siendo el sector más afectado por la pobreza y la desocupación.
Para el ejercicio fiscal 2023, el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de ley de Presupuesto destinar a las políticas con perspectiva de género más de 4 billones de pesos, cifra que implica un incremento nominal de 106% respecto de 2022 y representa casi el 15% del gasto general. Debe entenderse que no es una cifra que deberá manejar la cartera que abandona Gómez Alcorta sino es lo que se invertirá a través de las distintas áreas del gobierno durante el próximo año.
También en la Provincia se está elaborando un proyecto de presupuesto con perspectiva de género, que apunta a disminuir la brecha de desigualdad y segregaciones estructurales de esa naturaleza. Se ha planteado que tal perspectiva, incorporada en la formulación y el análisis del diseño presupuestario provincial, es una herramienta clave para detectar y revertir los mecanismos de reproducción de la desigualdad de género. Puntualmente, a través del Programa GenerAR, el gobierno central ha dispuesto asistir a las provincias con el financiamiento de acciones por un monto de 55 mil millones de pesos.
A la luz de resultados no pareciera solamente una cuestión de recursos. Los cambios sociales requieren tiempo y claridad de objetivos; al menos, convicción sobre la necesidad de un cambio.
Salta, 07 de octubre de 2022
