Cabe destacar que el Régimen de Estacionamiento Medido y Pago fue establecido por Ordenanza 12.170, sancionada en noviembre de 2003 y promulgada en mayo de 2004. Por entonces, los efectos de la crisis de 2001 se hacían sentir en el alto nivel de desocupación y en el incremento de la vulnerabilidad de muchos sectores, como el de los viejos y los discapacitados. 

Fue la respuesta del Gobierno Municipal para asegurar la sobrevivencia de una parte de la población de la capital provincial. Para ser permisionario se estableció un orden de prelación, encabezado por los discapacitados; las madres solteras o viudas, que eran único sostén de familia; sexagenarios sin ingresos ni beneficio alguno o con ingreso mínimo, por entonces, de 350 pesos. En esa ordenanza se fijó una tarifa de 60 centavos por hora, monto que se distribuía por mitad entre permisionario y Ejecutivo Municipal.

El régimen sufrió pocas modificaciones, especialmente referidas al monto de la tarifa y la extensión de la zona de aplicación del sistema. En los hechos, sin embargo, el Régimen de Estacionamiento Medido y Pago tomó sus propias características en manos de liderazgos naturales y movimientos internos consecuentes con una conducción formal difusa. Ello llevó a que se convierta en una actividad económica marginal.

El proyecto de digitalización del sistema fue la consecuencia lógica a las ofertas que el mercado realiza para la aplicación de la tecnología disponible y que ya se usa en otros municipios de manera eficiente, más allá que en algunos de ellos el estacionamiento pago no es una medida de orden social e inclusiva, como se la caracteriza en Salta. Pero también responde a la demanda de los permisionarios de mejoras que comprometan más a la administración municipal. 

Uno de los pasos concretos a estos planteos fue el plenario que realizó este miércoles el Concejo Deliberante. Participaron representantes de los permisionarios y funcionarios del Ejecutivo Municipal, al que le importa sobremanera mantener el control sobre la cuestión; de allí que quienes llevaron su voz fueron la jefa de Gabinete, Agustina Gallo; y la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi. También estuvieron presentes representantes de una empresa de software.

En el debate se abordaron distintos aspectos vinculados al proyecto de autoría del concejal José Gauffin, de Juntos para el Cambio+ y -con bastante amplitud- la situación de los permisionarios, que se expresaron individualmente aunque parte de ellos se referencian en la Asociación de Trabajadores de Estacionamiento de Salta. Al margen de aspectos puntuales que se expusieron, quedó en claro que las mejoras que ofrecen los promotores de la digitalización y que demandan los permisionarios no son para nada coincidentes.

La digitalización aún es una propuesta y necesita más debate. Debe asegurarse que la reforma del régimen no se convierta en un negocio para pocos pero, también, que no se perpetúe el carácter de medida de emergencia social con el que nació hace 18 años. 

Salta, 22 de septiembre de 2022