Reforma

Opinion 23 de junio de 2022
La problemática del autotransporte de pasajeros está siendo debatida en varios frentes, tanto a nivel nacional como provincial y desde distintos aspectos, especialmente el vinculado al financiamiento del que es un servicio público esencial. En tanto, se prepara en Salta el proceso para analizar el ajuste de la tarifa que aplica SAETA.
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El Congreso tiene no menos de media docena de proyectos de ley en análisis, incluso el que propone declarar la emergencia de esa prestación. En la Provincia, el Senado viene realizando desde comienzo de este mes rondas de consulta para disponer una eventual modificación de la legislación que define un sistema metropolitano de transporte. 

No solo se pretende reordenar el servicio sino lograr su sustentabilidad en momentos en que hay señales de severas dificultades en su desenvolvimiento. Y es una dificultad que se registra en buena parte del país; de allí el reclamo de los gobernadores pidiendo una distribución del subsidio de manera más equilibrada y no concentrado en el área metropolitana nacional.

En Salta, el problema impacta en el sistema de prestación del área que integran la Capital y localidades del Valle de Lerma, que son regidas por la ley 7322, que regula el funcionamiento de  los servicios de transporte por automotor de pasajeros propios e impropios de carácter urbano e interurbano en esa región. En este tiempo de post pandemia obliga a un aporte significativo del Gobierno provincial que invierte 600 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del transporte colectivo. Según estiman las autoridades de SAETA, la empresa estatal que administra su prestación, el costo del boleto sin subsidio asciende a 210 pesos, pero solo se paga 41.

En ese punto se están observando con atención las gratuidades que favorecen a estudiantes de los tres niveles y a los jubilados, además de otros sectores como el de la fuerza de seguridad. En principio, se ha dispuesto no ampliar el espectro de beneficiarios. Al respecto y en la primera reunión de consultan que la Comisión de Transporte del Senado de la Provincia mantuvo con las  el directorio de SAETA se destacó que del total de viajes, el 53% de los pasajeros abona el boleto y el restante 47% corresponde a gratuidades. A los fines de avanzar en el ordenamiento se auditan los pases, especialmente del nivel universitario, que ha registrado unos 19.000 jóvenes ingresantes en el presente período lectivo, correspondientes a ambas universidades son efectivamente alumnos regulares y están cursando las carreras en que se inscribieron y por las que lograron el beneficio.

Precisamente, la iniciativa de los senadores surgió del interés de instalar mayor equidad en la aplicación de gratuidades, ya que también hay movimiento de estudiantes en áreas extra metropolitanas que no tienen ese beneficios que se sostiene con recursos provinciales. En el turno de la consulta a la Autoridad Metropolitana de Transporte, el organismo regulador coincidió en el interés por  impulsar un Proyecto de Ley marco para que los municipios adhieran y puedan regular el servicio que se brinda en todo el territorio, estableciendo tarifas, rutas y acceso para todos los usuarios.

Allí juega un rol destacado la perspectiva de los concesionarios, que ya expresaron su posición. Cabe destacar que el patrón de referencia para el pago dela prestación son los kilómetros recorridos por lo que hay un compromiso de elevar un estudio de costos que permita encarar modificaciones. También se atenderán las demandas sobre las condiciones en las que el servicio se presta respecto de frecuencias, paradores y control.

Este trabajo conjunto debe alumbrar resultados en breve. Así lo indica la precariedad de la situación actual que ya no se sostiene con los parámetros definidos para otro momento económico. 

Salta, 23 de junio de 2022

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