La problemática del autotransporte de pasajeros está siendo debatida en varios frentes, tanto a nivel nacional como provincial y desde distintos aspectos, especialmente el vinculado al financiamiento del que es un servicio público esencial. En tanto, se prepara en Salta el proceso para analizar el ajuste de la tarifa que aplica SAETA.
Opinión23/06/2022
El Congreso tiene no menos de media docena de proyectos de ley en análisis, incluso el que propone declarar la emergencia de esa prestación. En la Provincia, el Senado viene realizando desde comienzo de este mes rondas de consulta para disponer una eventual modificación de la legislación que define un sistema metropolitano de transporte.
No solo se pretende reordenar el servicio sino lograr su sustentabilidad en momentos en que hay señales de severas dificultades en su desenvolvimiento. Y es una dificultad que se registra en buena parte del país; de allí el reclamo de los gobernadores pidiendo una distribución del subsidio de manera más equilibrada y no concentrado en el área metropolitana nacional.
En Salta, el problema impacta en el sistema de prestación del área que integran la Capital y localidades del Valle de Lerma, que son regidas por la ley 7322, que regula el funcionamiento de los servicios de transporte por automotor de pasajeros propios e impropios de carácter urbano e interurbano en esa región. En este tiempo de post pandemia obliga a un aporte significativo del Gobierno provincial que invierte 600 millones de pesos para garantizar el funcionamiento del transporte colectivo. Según estiman las autoridades de SAETA, la empresa estatal que administra su prestación, el costo del boleto sin subsidio asciende a 210 pesos, pero solo se paga 41.
En ese punto se están observando con atención las gratuidades que favorecen a estudiantes de los tres niveles y a los jubilados, además de otros sectores como el de la fuerza de seguridad. En principio, se ha dispuesto no ampliar el espectro de beneficiarios. Al respecto y en la primera reunión de consultan que la Comisión de Transporte del Senado de la Provincia mantuvo con las el directorio de SAETA se destacó que del total de viajes, el 53% de los pasajeros abona el boleto y el restante 47% corresponde a gratuidades. A los fines de avanzar en el ordenamiento se auditan los pases, especialmente del nivel universitario, que ha registrado unos 19.000 jóvenes ingresantes en el presente período lectivo, correspondientes a ambas universidades son efectivamente alumnos regulares y están cursando las carreras en que se inscribieron y por las que lograron el beneficio.
Precisamente, la iniciativa de los senadores surgió del interés de instalar mayor equidad en la aplicación de gratuidades, ya que también hay movimiento de estudiantes en áreas extra metropolitanas que no tienen ese beneficios que se sostiene con recursos provinciales. En el turno de la consulta a la Autoridad Metropolitana de Transporte, el organismo regulador coincidió en el interés por impulsar un Proyecto de Ley marco para que los municipios adhieran y puedan regular el servicio que se brinda en todo el territorio, estableciendo tarifas, rutas y acceso para todos los usuarios.
Allí juega un rol destacado la perspectiva de los concesionarios, que ya expresaron su posición. Cabe destacar que el patrón de referencia para el pago dela prestación son los kilómetros recorridos por lo que hay un compromiso de elevar un estudio de costos que permita encarar modificaciones. También se atenderán las demandas sobre las condiciones en las que el servicio se presta respecto de frecuencias, paradores y control.
Este trabajo conjunto debe alumbrar resultados en breve. Así lo indica la precariedad de la situación actual que ya no se sostiene con los parámetros definidos para otro momento económico.
Salta, 23 de junio de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.