Todo parece indicar que ahora finalmente, Alberto Fernández llegó al punto de su rendición definitiva, lo cual implica no solo entregar el timón del gobierno al kirchnerismo duro, sino también, su propia renuncia a todo proyecto reeleccionista.
Esto ha quedado claramente marcado, en tres actitudes que adoptara en los últimos días, indudablemente encaminadas a complacer a Cristina, ya que encuadran claramente con las ideas y actitudes propias de ella.
La primera, es su brutal ataque a los medios de comunicación y a la libertad de prensa, denunciando que ellos lo que hacen, es envenenar la mente de los argentinos. Se deduce que con esto se refiere a los medios que expresan opiniones diferentes a la del oficialismo y no así, a los que se manifiestan acordes con el pensamiento kirchnerista.
Implica esto, un modo de pensar muy peligroso, porque desde el gobierno, se pretende imponer una única opinión merecedora de respeto y por otro lado, el presidente así califica ahora a los mismos medios de comunicación a los que durante diez años él mismo, mientras estuvo fuera del gobierno, acudió constantemente para criticar con dureza las decisiones de la entonces presidenta Cristina.
La segunda actitud de Fernández que denota su claudicación, es el hecho de haberse constituido en el único presidente latinoamericano que en la reciente cumbre de los países democráticos de América, haya criticado al presidente norteamericano, por no haber invitado a las dictaduras imperantes en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pretendiendo así ignorar las violaciones a los derechos humanos que ellas cometen, con la proscripción, encarcelamiento, tortura y aun muerte de opositores, denunciados documentadamente ante la Naciones Unidas por Michelle Bachelet.
Y por último, está su inmediata adhesión al ataque a la independencia de la Corte Suprema de Justicia, que pretende llevar a cabo el bloque cristinista del Senado, a través del aberrante proyecto de elevar su número de miembros de los cinco actuales a nada menos que veinticinco, designados a propuesta de los gobernadores, en su mayoría peronistas, es decir convertirla en la práctica en una suerte de unidad básica.
Para comprender lo absurdo de esta idea, basta señalar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, país de más de trescientos treinta millones de habitantes, se compone de solo nueve miembros y la de Brasil, con doscientos doce millones de habitantes, de once.
Pero acá lo que impera, es la desesperación por diluir el poder de nuestra Corte, por la sencilla razón de que la misma tiene a resolución más de una decena de recursos de nulidad, interpuestos por los abogados defensores de Cristina, en las causas por corrupción, y es de prever que a corto plazo, ese tribunal habrá de rechazar esa pretensión, basado en la jurisprudencia imperante, que establece que la Corte, no es competente para intervenir, si no hay una sentencia firme de las instancias inferiores, lo que no ocurre en ninguno de esos casos.
Este descabellado y peligroso proyecto, será seguramente aprobado por el Senado, con mayoría kirchnerista, pero es de esperar que sea rechazado en la Cámara de Diputados, por la oposición, acompañada además por algunos representantes justicialistas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, cuyos gobernadores se negaron a acompañar con su firma, ese engendro propiciado por los restantes gobernadores peronistas.
Pensarán algunos que aun si se sancionara esa ley, su aplicación sería inviable en razón de que luego, para designar a los nuevos jueces de Corte, es necesario contar con el voto favorable de los dos tercios de los senadores, mayoría con la que no cuenta el kirchnerismo.
Sin embargo, caeríamos en el riesgo de que se pueda invocar la cláusula de la ley orgánica del poder judicial, que prevé que en caso de vacancia de algún miembro de la Corte, ese lugar debe ser cubierto por los presidentes de las cámaras federales del país y si no pudiera llenarse el vacío en esa forma, entonces asumen los conjueces designados por el Poder Ejecutivo, que por lo tanto, pertenecen al kirchnerismo, con lo cual por esa vía indirecta, podrían llegar rápidamente, al buscado sometimiento de la Corte, logrando así alcanzar la impunidad de los actos de corrupción.
