Inflación

En mi visión  de la infancia, no alcanzaba a analizar por qué cada vez que cruzaba al mercadito de enfrente a comprar pan por la mañana, tenía un precio que se había –mínimamente- triplicado si volvía por la tarde por otro poco de pan.

En esa época era costumbre para las familias que podían hacerlo, “stockearse” o proveerse de productos al por mayor, para evitar la sorpresa del aumento cada vez que iban por algo al almacén o supermercado. El problema es que los argentinos nos hemos acostumbrado –o mal acostumbrado- a convivir con altos índices de inflación mensual, que impactan en los ingresos, la capacidad de ahorro y las decisiones de consumo. Para los sectores más vulnerables, más inflación significa siempre más pobreza. Y para las empresas, más especulación en lugar de decisiones de invertir o producir más. Si hoy la vida nos obliga a adaptar la economía familiar y empresarial a la inflación de casi 7% mensual, claramente es porque vemos cómo se deterioran los ingresos, el ahorro y el consumo.

Mientras tanto, por supuesto, se debate sobre la supuesta mejora de la calidad institucional a través de una reforma electoral y política, que a la postre y según el oficialismo podría implicar para la ciudadanía una mejor democracia y mejores elecciones; menos gasto de fondos públicos y menos desgaste para el electorado. El problema es la oportunidad: si bien el argumento político es el de debatir reformas de fondo en años no electores, la urgencia que demandan otras situaciones, permite pensar en que hoy, esa no es una discusión prioritaria de la agenda pública. Porque se habla mucho de “la gente” y su rechazo a concurrir a las urnas en varias oportunidades, durante un mismo año. Pero hoy, el interés de la gente (ese eufemismo para hablar sobre el pueblo, sin consultarle), no estriba en la necesaria calidad institucional, sino en la deuda que tiene el Estado en el hallazgo de soluciones para aliviar las cargas en las familias y empresas, la mayoría, con situaciones agravadas por el parate económico causado por la pandemia.

Para graficarlo: para los trabajadores informales o en negro, dicho sin eufemismos, o aquellos que no tienen alternativas de inversión, los ingresos que recibieron el primer día de mes pasaron a valer casi 7 % menos al gastar sus últimos pesos al final de ese período y ¿qué significa vivir con un índice de inflación de casi 7% mensual?

En Argentina, los trabajadores no declarados representan la tercera parte del mercado laboral y la situación en Salta es más grave, porque la mitad de los trabajadores están en negro. Y verdad de Perogrullo, la inflación alta daña especialmente a los sectores sociales más bajos, especialmente por la disparada en los precios de los alimentos. Con la inflación la pobreza se dispara y es imposible recuperar ingresos con una inflación que anualizada puede ser más de 70%. En la síntesis apretada: se come menos o peor, se consumen más hidratos de carbono que proteínas y en todos los aspectos, se vive peor

Me limito a hablar de ello, porque son los sectores más vulnerables. Solo para dar un ejemplo, si habláramos de quienes tienen capacidad de ahorro, también resultan afectados porque el valor del stock de esos ahorros se licuan con fuerza. La tasa de interés de referencia para los plazos fijos aumentó, pero sigue muy rezagada en relación a la inflación. Por ejemplo: si alguien depositó $10.000 en abril de 2020 en un plazo fijo tradicional tendría hoy en su cuenta $18.400, nominalmente un 84% más. Sin embargo, si esos $10.000 se hubiesen ajustado por inflación el resultante sería hoy de $22.500 pesos (125%). Las tasas de interés pasivas negativas implicaron una reducción de más del 18% en el valor real de los activos. Y otra vez, la inflación derrite el poder adquisitivo de los ahorros.

Y lo que hacía la vecina no está tan bueno, porque una alta inflación hace aumentar la velocidad de circulación del dinero, porque aumentan los precios y todos se apuran a comprar, pero en un contexto de cepo cambiario con acceso limitado a dólares, lo que pone un piso más alto a la inflación.

Además, ¿cómo podría una empresa dedicarse a mejorar la competitividad, desarrollar nuevas tecnologías, innovar con nuevos productos y servicios o ganar mercados, si con la inflación, aumenta la conflictividad laboral y sindical? El desgaste es permanente.

Mayo arrancó con una batería de aumentos. Nos falta saber cómo se suplen los ingresos que millones de argentinos no tienen, qué hacen cuando tienen que decidir entre comprar útiles o ropa o bajar la calidad nutricional de sus alimentos. Las consultoras privadas ya anticipan que el índice de inflación de abril estará cerca del 5% - con el fuerte impacto de subas en alimentos y servicios regulados-, pero este mes llegó con incrementos que impactarán en el bolsillo e impulsará la suba general de precios.

En Salta, el Ente Regulador autorizó un aumento paulatino del 32% en tramos; pero todavía faltan las audiencias públicas para habilitar las subas de las tarifas de gas y transporte de luz: la primera será el 10 de mayo  y un día después, la de la energía eléctrica.

Televisión, Cable e Internet, tendrán dos subas de 9,5% cada una, en mayo y julio próximo y habrá un incremento específico de los valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía celular en la modalidad prepaga.

También en mayo aumenta el GNC un 15% en las estaciones de servicio. Y mientras en el ámbito legislativo se sigue discutiendo cómo reformar la ley de alquileres, los inquilinos esperan para este mes una actualización del 55%. De la mano de la paritaria, las expensas harán efectivo el aumento del 20% este mes. En julio las expensas subirán otro 15%. 

También aumentan las cuotas de prepagas, que entre mayo y julio, subirán un 22% y Netflix, hará lo propio, con tarifas que llegarán a los $1200 mensuales.

Aumentan también los salarios de trabajadoras de casas particulares, con un 9% en mayo  y que cierra un año paritario del sector, que comenzó en junio pasado y que permitió que se llegue al aumento del 65% en los salarios.

Si una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno en marzo pasado para la “guerra contra la inflación” fue establecer subsidios a los molinos harineros para bajar el precio del pan, pues bien, creo que estoy volviendo a mi infancia y la tira de pan que cambiaba de precio durante el día, es un recuerdo todavía más fresco.

Está bien discutir la calidad institucional, porque cierta estabilidad y criterio estatal, permitirá mayor credibilidad y confianza en los estados y por qué no, generar seguridad jurídica y atraer inversiones. Lo que no está bien es que mientras se discuten temas de fondos, la urgencia nos gane siempre de mano y llevemos décadas, malacostumbrándonos a sobrevivir y sin poder proyectar.