No acato fallos que pretenden amordazarme

Hubo una gira mediática de la señora Intendenta con un fallo que no sé qué dice porque hasta el día de hoy no lo recibí. Entiendo que se me acusa de violencia de género, por la que me habrían condenado. Puntualmente, la Justicia me estaría ordenando dejar de atacar a la Intendenta Bettina Romero en mis medios y levantar todo tipo de publicación en portales y redes sociales. 

Si es así, me parece, en principio, que hay una mala interpretación de parte de la señora jueza al respecto. Todos son supuestos atento a que todavía no he sido notificado cuando el fallo habría sido emitido el miércoles a la tarde. Yo estaba viajando y a través de mensajes me fue llegando la información de lo que estaba pasando. No me llamó la atención la circunstancia; suele ser una constante que el diario El Tribuno obtenga algún tipo de sentencia o decisión que pueda perjudicar a alguien y que salga el día anterior a un día feriado. El afectado no puede hacer nada porque no hay modo de acceder  a información sobre si está denunciado, de qué lo acusan y si está condenado, porqué razones. En tanto, el diario sigue dándole manija al tema. 

En mi caso, el viernes 25, que fue día hábil, se llegaron mis abogados al Juzgado y les mintieron. Les dijeron que yo había recibido la copia correspondiente, cosa que no fue así. Yo no estuve acá, a mí no se me entregó ningún fallo, no me entregaron nada hasta el momento en que emito esta opinión en la mañana de este lunes.

Esto comenzó hace un año y medio atrás cuando la señora Intendenta me denunció ante el INAD, en lo que creo es producto de un gran movimiento periodístico político que tiene el propio diario El Tribuno y toda la familia Romero de poder hacer quedar a muchos en una situación ante los demás de “bueno, te denunciaron”. ¿Alguien conoce de algún fallo del INADI por un comportamiento indebido al aire de mi parte contra la señora Intendente? No, no hubo. Quiere decir que no le dieron bolilla a su denuncia o no encontraron razones en mi contra. 

Debo informar que la señora Intendenta tiene un juicio contra mí y yo tenía uno contra ella, que ya ganamos, vinculado a la pauta publicitaria del estado municipal. Aries nació en democracia y siempre hemos tenido pauta, al igual que todos los medios de publicidad o de comunicación pero la señora Intendenta, de manera totalmente caprichosa, levantó la nuestra. Bueno, recurrimos a la Justicia, que condenó a la Municipalidad a contratar publicidad en este medio. Ese fallo no fue difundido.

Como con el apriete de la pauta no avanzó contra mis intereses y tampoco pudo con la denuncia en el INADI, buscó el atajo más ágil en la Justicia, armando una causa en un Juzgado de Familia. Ya habría salido pero siendo quien está condenado a no hablar de la señora Bettina Romero ni de sus actividades ni en las redes, ni en ningún medio, todavía no tengo al fallo. 

Como sea, es un fallo de primera instancia, es la apreciación de una jueza. Cuando lo conozca, puedo apelar ante una Cámara, porque según el informe se trata de una medida que atenta contra la Constitución; va en contra la libertad de prensa. Por ejemplo, según me comentan que decía el fallo, yo hoy no podría decir nada de la Municipalidad, no podría denunciar las cosas que están mal hechas por el gobierno comunal; estaría afectada mi libertad de expresión.

Y debo comentar que hay un artículo en el Código Penal -el 261- que dice “será reprimido o reclusión o prisión de dos a diez años o inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajese caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública”. Al respecto, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Capital sancionó el Decreto 8074, por el que la señora Intendenta, Bettina Romero, ha contratado los servicios de la abogada María Fernanda Guillen como consultora. Pero Guillén es casualmente la  abogada patrocinante de la Señora Romero en la causa en mi contra. ¿La ha empleado para ir en mi contra judicialmente? Eso le podría costar la cárcel porque está sacando dinero del Estado para cosas que son personales. 

Lo que estoy diciendo –que debería callar según el fallo- es totalmente comprobable, está en el Boletín Oficial de la Municipalidad. Cuando la señora Intendenta va al Concejo Deliberante y habla de la transparencia por ejemplo, hacemos notar que lo hace con la misma frase que usó el padre cuando asumió como Gobernador de la Provincia. Y esa trasparencia terminó con un montón de causas legales de doce años de gobierno que están todavía en la Justicia local. La señora Intendenta de transparencia dentro del municipio no tiene muchas cosas de las cuales poder vanagloriarse. 

El Concejo Deliberante le sigue reclamando precisiones sobre cámaras de un contrato sobre seguridad vial que se anuló y que no fueron retiradas. Tampoco se sabe demasiado sobre la obra pública respecto de cómo se adjudica. Realmente no hay mucha relación entre lo que dice y lo que hace. Eso no lo podríamos decir según lo que me dicen que dice la sentencia, como tampoco podríamos comentar los carteles que hacen referencia al orden impuesto en espacios públicos, palabra de un viejo slogan  que tenía el gobierno de su propio padre, que proponía “orden, producción y trabajo” parafraseado en el título de un libro que analizó esa gestión como “orden, la represión y muerte”.

Nada podríamos informar sobre la eventual represión de reclamos o de la postergación de obras imprescindibles.  Todo esto porque la Señora Jueza está poniéndonos una mordaza respecto al trabajo municipal. 

Si el tema es la violencia de género, cabe recordar que fueron más los casos de violencia que ella aplicó en funcionarios de la Municipalidad, que se han ido a los diez días de la asunción de Bettina Romero, que los que ella puede denunciar. Cuando a un medio de comunicación le corta la publicidad, sin fundamentos e intempestivamente, no es violencia empresarial y  de género? Y yo creo que está para discutirse mucho esto. 

Hubo un trabajo impresionante de comunicaciones porque pareciera que todos los medios saben lo que dice la sentencia; yo no lo sé. El diario El Tribuno publicó toda la sentencia, me advirtieron. La verdad que no sé de dónde obtuvieron ese texto, pero evidentemente alguien lo tiene.

En tanto, la señora Intendenta y su equipo de trolls se han encargado todo el fin de semana en las redes, de difundir un fallo que desconozco y ya debiera tenerlo para seguir ejerciendo mi derecho a la defensa; se ocuparon que se entere hasta el Clarín. Esa preocupación desmiente al ex diputado Martín Grande en su despedida decía “yo no sé qué hace este señor ahí, un señor grande que ya no sé qué tiene que hacer ahí”. Decía  que estoy acabado y según la Intendenta y todo su equipo sigo en vigencia porque la verdad que la difusión que se encargaron de darle a esto no tiene precedentes. La preocupación que tiene por la figura de Mario Peña, me hace sentir que estoy cada vez más fuerte y más grande. 

Otra cuestión que deberán entender la señora Jueza y la Intendenta es que la política no tiene polleras; la política es la política y sería desvalorizarla a ella si yo no hago una crítica porque es una mujer. La trato como a cualquier otro dirigente. 

Dicen que en su fallo, la jueza habla de salvar la honra. Pero la honra se gana en otro lado, se gana en un proceso de vida. La honra no se compra en un juzgado, la honra no se compra en una ferretería o en un mercado municipal. La honra se gana y con ¿qué actitudes? Actitudes de cumplir lo que se le promete a la gente. 

No voy a acatar un fallo que pretende amordazarme y voy a agotar todas las instancias que me habilita el sistema judicial.  Voy a apelar acá, en la Nación, en Derechos Internacionales, donde sea. La victoria que tuvo la señora Intendenta le digo que le servirá para un festejo que seguro ya hizo en familia.

No estoy condenado en ningún tipo de situación y voy a seguir ejerciendo la libertad de prensa y la libertad de expresión.