La dureza de las paritarias, que suelen ser propias de esta época en que los esfuerzos se concentran en asegurar el comienzo de las clases, en esta oportunidad se ha profundizado, cuando están funcionando dos mesas de negociaciones. El diálogo se abrió también para el sector autoconvocado, que no tiene personería para firmar acuerdos pero expresa la opinión de una indefinida franja docente.
Pero por debajo del ruido que hace la discusión salarial, hay una situación preocupante que suele generar dificultades en el desarrollo de la actividad educativa. Se trata del estado de la infraestructura edilicia, cuyo deterioro también se ha puesto en la mesa de negociación como un condicionante para asegurar la concurrencia de maestros y profesores a los establecimientos.
En Salta existen más de 1.500 edificios que albergan a estudiantes primarios y secundarios de la provincia y el relevamiento realizado por el Ministerio de Educación y el de Infraestructura mostró las malas condiciones en que se encuentra buena parte de ellos. De allí que en acuerdo con la cartera de Economía se previó invertir en 2022 tres mil 100 millones de pesos para mejorarlos. Ese monto se distribuirá durante todo el año para financiar la construcción de edificios y de aulas nuevas, el arreglo de sanitarios, la normalización de instalación eléctrica y la refacción y ampliación de escuelas.
Pero para la puesta a punto de cada establecimiento se dispuso utilizar una partida de mil millones de pesos para realizar trabajos menores que permitan que el arranque de las clases se haga en un marco adecuado, contemplando incluso que aún rige la emergencia sanitaria generada por la pandemia. De allí que buena parte de los trabajos desarrollados durante este mes apuntaron a asegurar la provisión de agua potable y el buen funcionamiento de los sanitarios. De esa tarea, según la información oficial, toman parte los gobiernos municipales que, por sólidas razones de cercanía, pueden ordenarla de manera eficaz.
Sin embargo, los dirigentes gremiales tienen referencias de carencias que no han sido cubiertas y no aseguran una actividad normal y segura. El titular de AMET, el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas técnicas, dio cuenta del estado crítico de buena parte de los edificios de ese sector. Las dificultades superan los arreglos programados para el aprestamiento previo a la apertura de las clases. Dada la naturaleza de esa especialidad resulta imprescindible la puesta a punto de laboratorios y talleres, que carecen de equipamiento y tienen instalaciones en estado de precariedad.
La denuncia de Eloy Vidal Alcalá no se aleja mucho de lo relevado por el Ministerio de Educación pero marca diferencia respecto de la prioridad en la atención del problema. El titular de la cartera, Matías Cánepa, demostró saber acabadamente cuál es el real estado de los edificios cuando sostuvo que la provincia tiene una "deuda histórica" en relación a la situación de infraestructura escolar. También reconoció que es uno de los principales reclamos que se dan durante el año, en todo el territorio provincial y las fallas incluyen hasta la caída de techos, cuestión que se agrava en el interior de Salta.
Las actuales negociaciones son condicionantes para determinar si se alcanza el objetivo de comenzar las clases el próximo miércoles y cubrir un calendario de 190 días. Lamentablemente la puja excluye a la tercera pata del sistema, que son los padres. No pareciera que intereses su inclusión.
Salta, 23 de febrero de 2022
