El propósito de Dario Madile no es nuevo; fue postergado por la pandemia pero ya no hay razones para no intentar su concreción. En principio, se dividiría la ciudad en cinco zonas, para dedicarle un mes a cada una de ellas. Hay mecanismos para optimizar este acercamiento y los más eficaces tienen que ver con la participación ciudadana, ya probados en otros conglomerados urbanos de América Latina.
“El municipio, por ser la cara del Estado más próxima a los ciudadanos, aparece como un lugar privilegiado para el desarrollo de políticas públicas participativas, contribuyendo a una gestión más transparente, eficiente, inclusiva y democrática”, dice la investigadora María Laura Pagani, de la Universidad Nacional de La Plata. Y eso ha venido ocurriendo en comunidades donde hubo una intervención directa de los vecinos en el diagnóstico de sus problemas y en las instancias de decisión, elaboración y evaluación de las políticas públicas. Pero advirtió que mediante las políticas de participación el Estado traslada sus responsabilidades a la sociedad y se emplean como medio para la construcción artificial de consensos y manipulaciones políticas. Como sea, la participación puede servir para convalidar o para cuestionar, lo que anima definitivamente a promoverla.
Hace dos décadas, como consecuencia de la crisis del 2001, surgieron las asambleas barriales y desde ellas se alentaron la movilización para expresar las demandas populares. Luego se avanzó hacia las primeras experiencias de Presupuestos Participativos, a los que se echó mano para canalizar el entusiasmo comunitario.
En Salta, ya desde 1988 y a través de la Carta Orgánica Municipal se reconoció el Principio de Participación para que a través de diversos canales, las asociaciones de trabajadores, empresariales, vecinales y las demás instituciones intermedias contribuyan a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales para el desarrollo del Municipio. Con esa intención se sancionó, en noviembre de 2002, la Ordenanza 11. 887, que creó el Programa de Presupuesto Participativo con el objeto de garantizar la participación directa de los vecinos en la elaboración de la Prioridades Barriales, de las Políticas Presupuestarias del Municipio y el seguimiento de los recursos asignados.
Tan alto propósito, sin embargo, no entusiasmó a los vecinos y mucho menos animó a sus representantes a compartir una amplia porción de poder. Todo quedó en enunciados respecto de reducir la brecha que separa al Estado de la sociedad para mantener una vida democrática plena, aplicar una herramienta eficaz para conseguir un control más democrático de la gestión de gobierno, canalizar las demandas sociales y otorgar a los ciudadanos un papel central en el desarrollo del Municipio.
No hubo avances; apenas un decreto estableciendo-doce años después- que la autoridad de aplicación de la Ordenanza de Presupuesto Participativo era la Secretaría de Gobierno. No se crearon el Consejo del Programa ni los Foros Barriales; tampoco se integraron las Comisiones Temáticas ni hubo campañas de difusión. Pareciera que nunca hubo voluntad de promover la participación de los vecinos.
Nuevamente en crisis, esta vez podría suceder.
Salta, 17 de febrero de 2022
