La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.
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El gobernador fue informado del avance de un desarrollo minero en Tolar Grande. Se trata del proyecto Taca Taca, una mina de cobre de gran escala con subproductos de oro y molibdeno, en la que se invertirán unos 3.600 millones de dólares. Pero hay fuertes condicionamientos para agilizar la iniciativa y su resolución depende del Gobierno Nacional.
Opinión16/02/2022
Directivos de la minera canadiense First Quantum Minerals y de su subsidiaria Corriente Argentina S.A., insistieron en la necesidad de superar restricciones cambiarias e impositivas. Es una demanda que ya lleva un largo tiempo de tramitación por lo que urge una mediación más efectiva del Gobierno Provincial, tratándose de un proyecto que es emblemático para Salta porque puede cambiar el perfil productivo, exportador y de generación de fuentes de trabajo, según lo expresó la secretaria de Minería y Energía, Flavia Royón.
La situación pone de relieve un problema que coloca a la minería en un catálogo de anuncios que, a los tiempos extensos que demandan las inversiones en el sector, suma cierta morosidad del Ejecutivo nacional para realizar sus planes. En setiembre pasado, en ámbitos empresarios se recibía el anuncio de que Argentina estudiaba un nuevo esquema de derechos de exportación para proyectos mineros para impulsar el sector. Apuntaba a aliviar el régimen de retenciones para la fase de inversión de capital para que los proyectos puedan atravesar los primeros años. Luego, la alícuota se incrementaría en la fase de producción y podría contemplar que esté atada al precio de los commodities. Cinco meses después no se concretó ese propósito como tampoco se presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, en el que viene trabajando desde noviembre de 2020.
No se están buscando posiciones privilegiadas. Solo previsibilidad, dicen sus operadores. Al igual que en otros sectores económicos, las empresas mineras que operan en el país padecen la carga fiscal que se incrementa según las necesidades de los gobiernos. Puntualmente pagan actualmente IVA, impuestos a las utilidades, retenciones a las exportaciones, tasas comerciales e industriales según la provincia, así como regalías, aportes a fideicomisos y seguridad social, entre otros.
Las retenciones mineras se habían levantado en 2015, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, pero se implementaron nuevamente en 2018 debido a la crisis económica. En 2020, el presidente Alberto Fernández bajó la tasa de 12% a 8% para proyectos de oro y plata y hasta 4,5% para otros metales mediante una ley de reactivación que ha vencido.
Las exportaciones de la minería son significativas y para Salta mucho más, habida cuenta que el volumen total de las mismas se integran con la producción de esta provincia y de San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy. En tanto, el país sigue esperando la concreción de centenares de proyectos mineros que podrían resultar en inversiones por 30 mil millones de dólares, fuertemente impulsadas por proyectos de litio y cobre.
Se sigue aguardando el lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que contendrá incentivos económicos y fiscales. La Provincia presentó el suyo en consulta ante el Consejo Económico Social; fue en noviembre pasado con el objetivo de alcanzar el desarrollo de una minería sustentable y equilibrada. Sirve pero no alcanza.
Es importante que se avance más allá de los anuncios.
Salta, 16 de febrero de 2022
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