El gobernador fue informado del avance de un desarrollo minero en Tolar Grande. Se trata del proyecto Taca Taca, una mina de cobre de gran escala con subproductos de oro y molibdeno, en la que se invertirán unos 3.600 millones de dólares. Pero hay fuertes condicionamientos para agilizar la iniciativa y su resolución depende del Gobierno Nacional.
Opinión16/02/2022
Directivos de la minera canadiense First Quantum Minerals y de su subsidiaria Corriente Argentina S.A., insistieron en la necesidad de superar restricciones cambiarias e impositivas. Es una demanda que ya lleva un largo tiempo de tramitación por lo que urge una mediación más efectiva del Gobierno Provincial, tratándose de un proyecto que es emblemático para Salta porque puede cambiar el perfil productivo, exportador y de generación de fuentes de trabajo, según lo expresó la secretaria de Minería y Energía, Flavia Royón.
La situación pone de relieve un problema que coloca a la minería en un catálogo de anuncios que, a los tiempos extensos que demandan las inversiones en el sector, suma cierta morosidad del Ejecutivo nacional para realizar sus planes. En setiembre pasado, en ámbitos empresarios se recibía el anuncio de que Argentina estudiaba un nuevo esquema de derechos de exportación para proyectos mineros para impulsar el sector. Apuntaba a aliviar el régimen de retenciones para la fase de inversión de capital para que los proyectos puedan atravesar los primeros años. Luego, la alícuota se incrementaría en la fase de producción y podría contemplar que esté atada al precio de los commodities. Cinco meses después no se concretó ese propósito como tampoco se presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, en el que viene trabajando desde noviembre de 2020.
No se están buscando posiciones privilegiadas. Solo previsibilidad, dicen sus operadores. Al igual que en otros sectores económicos, las empresas mineras que operan en el país padecen la carga fiscal que se incrementa según las necesidades de los gobiernos. Puntualmente pagan actualmente IVA, impuestos a las utilidades, retenciones a las exportaciones, tasas comerciales e industriales según la provincia, así como regalías, aportes a fideicomisos y seguridad social, entre otros.
Las retenciones mineras se habían levantado en 2015, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, pero se implementaron nuevamente en 2018 debido a la crisis económica. En 2020, el presidente Alberto Fernández bajó la tasa de 12% a 8% para proyectos de oro y plata y hasta 4,5% para otros metales mediante una ley de reactivación que ha vencido.
Las exportaciones de la minería son significativas y para Salta mucho más, habida cuenta que el volumen total de las mismas se integran con la producción de esta provincia y de San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Jujuy. En tanto, el país sigue esperando la concreción de centenares de proyectos mineros que podrían resultar en inversiones por 30 mil millones de dólares, fuertemente impulsadas por proyectos de litio y cobre.
Se sigue aguardando el lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que contendrá incentivos económicos y fiscales. La Provincia presentó el suyo en consulta ante el Consejo Económico Social; fue en noviembre pasado con el objetivo de alcanzar el desarrollo de una minería sustentable y equilibrada. Sirve pero no alcanza.
Es importante que se avance más allá de los anuncios.
Salta, 16 de febrero de 2022
Según el INDEC, la economía argentina muestra señales de recuperación; su último registro da cuenta del séptimo mes consecutivo con cifras positivas respecto de 2024. Sin embargo, amplias franjas de actividades dan cuenta de una situación de crisis sin un horizonte claro de crecimiento.
Las mujeres sabemos, por experiencia, lo que cuesta hacerse escuchar. Y por eso mismo, no podemos ni debemos quedarnos calladas cuando lo que está en juego es el derecho de toda una sociedad a estar informada. En un tiempo de transformaciones aceleradas y tensiones crecientes, el valor de la palabra y la responsabilidad de quien la ejerce —ya sea desde el periodismo o desde la política— adquieren una dimensión aún más crucial.
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Muy activo se muestra el Ejecutivo Municipal capitalino interviniendo en la promoción de la actividad económica. Hay datos que justifican ampliamente el esfuerzo fiscal en este tiempo de crisis social.
El Gobernador estuvo presente y acompañó a más de 300 feriantes que llegaron desde más de 30 municipios de la provincia.
La asamblea extraordinaria de SiTEPSa ratificó su pedido, quedó en sesión permanente y supeditó la vuelta a clases tras el receso a un acuerdo salarial.
La Municipalidad lanzará un concurso para transformar la Terminal de Ómnibus en un polo comercial, con fuerte inversión privada desde 2026.
La medida rige para toda la provincia y se debe a las intensas nevadas, temperaturas extremas y problemas de transitabilidad en las rutas.
La medida responde a la necesidad de priorizar el abastecimiento de gas a los hogares ante la creciente demanda por la ola polar. Se estima normalizar el servicio en la medianoche.