Ningún gobernador consiguió comprar vacunas y la mayoría abandonó las gestiones

Hace unos diez meses, cuando el volumen de vacunas contra el Covid-19 disponibles en la Argentina era insuficiente para acelerar la campaña de inmunización, varios gobernadores anunciaron que estaban en negociaciones para comprar por su lado. Varias provincias, incluso, firmaron cartas de intención. En total eran unas 15 millones de dosis que llegarían entre fines del año pasado y el primer trimestre del actual. Los laboratorios, desde siempre, privilegian los acuerdos con los Estados federales. Entre ese punto y la normalización de la disponibilidad de vacunas, no hubo más avances. Ni una sola de esas dosis llegó o tiene fecha de entrega.

Desde la Casa Rosada, incluso se alentó a los gobernadores a la compra e, incluso, los funcionarios nacionales indicaron que les ofrecían apoyo en las negociaciones. El planteo también incluyó que las dosis que se adquirieran unilateralmente serían descontadas de los envíos desde la administración central. Para estimar la inversión necesaria se tomaba como base que unas 100.000 dosis cuestan US$ 1,3 millones.

LA NACION consultó a los voceros de los distritos que adelantaron que comprarían vacunas y todos coincidieron en que no avanzaron. Los argumentos pasan porque ahora no escasean las vacunas como un semestre atrás y por la decisión de las farmacéuticas de priorizar a los países como clientes.

En la lista de los que negociaron oficialmente estuvieron Ciudad de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, San Juan y Tierra del Fuego. El gobernador Axel Kiciloff firmó un acuerdo para acceder a 10 millones de dosis de Covaxin (posible de ampliar a 15 millones); Gerardo Morales, por un millón de Sinopharm y Horacio Rodríguez Larreta, un millón de CanSino.

El sanjuanino Sergio Uñac afirmó haber avanzado con dos laboratorios para 1,6 millones de dosis; Gustavo Melella en Tierra del Fuego cuenta con carta de intención para la Sputnik V y conversa con China y el cordobés Juan Schiaretti logró la ley para seguir en tratativas con varios laboratorios, entre ellos Sinopharm y Janssen.

Por aquellos meses la insuficiencia de las vacunas que llegaban ocupaban la agenda diaria y cada vez que un avión aterrizaba con dosis, había funcionarios recibiéndolos, incluyendo al propio presidente Alberto Fernández. Desde la oposición empezó a plantearse que la Nación debía autorizar a las provincias a comprar cuando, en realidad, nunca estuvieron excluidas. Los autores de un proyecto en ese sentido, los diputados radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri, pedían el mismo esquema para los privados. La discusión se politizó en extremo.

Las resoluciones que daban a la Nación el monopolio de la compra solo alcanzaba a los respiradores automáticos y a los tests. La legislación sobre vacunas en la Argentina -dos leyes, una general y otra enfocada a las del Covid-19- no especifica quiénes pueden comprar; solo queda claro que se puede adquirir lo autorizado por Anmat.

Desde el gobierno jujeño explicaron a este diario que, cuando en China le aprobaron el trámite a la Provincia, ya había vacunas suficientes; tienen la impresión que “pisaron las gestiones para que no se puedan comprar y privilegiaron a Nación”.

“La Ciudad, como otras jurisdicciones, hizo la gestión para comprar vacunas en un momento de escasez, el año pasado, pese a que se sabía que esas compras se hacían entre laboratorios Estados nacionales. Pero no prosperaron”, indicaron desde la administración de CABA.

“La compra no se llevó a cabo. Hoy las vacunas no son un bien escaso como lo eran en mayo de 2020, razón por la cual no ha continuado con la intención de comprar. La vacunación en la provincia de San Juan ha sido un éxito con más del 90 % de la población objetivo vacunada”, indicaron desde la administración de Uñac.

Los voceros de Melella apuntaron que cumplieron con “todos los procedimientos y pedidos, se firmó todo lo necesario, pero los laboratorios se complicaron y centralizó la Nación”. Admitieron que lo complejo de las negociaciones hizo que los gobernadores desistieran.

La Nación