El Gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con México para restablecer la próxima semana una política fronteriza de la era de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar al sur de la frontera las audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos, informaron funcionarios estadounidenses.

El resurgimiento de la política “Permanecer en México” llega tras una demanda judicial de los estados de Texas y Missouri, mientras la Casa Blanca busca ponerle fin al plan.

Cerca de 70.000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la política, que el expresidente Trump introdujo en enero de 2019 y que Biden suspendió en su primer día en el cargo .

El anuncio llega luego de intensas negociaciones entre los dos países después de que el juez Matthew Kacsmaryk, designado por Trump en Amarillo, Texas, restableciera la política, sujeto a la aprobación de México.

Los cambios solicitados por México

Según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses, la reactivación de la política viene con algunos cambios exigidos por México.

Todos los migrantes serán vacunados contra el coronavirus: los adultos recibirán el fármaco monodosis de Johnson & Johnson, mientras que los niños elegibles recibirán la vacuna Pfizer, con la segunda dosis al ingresar a Estados Unidos para la primera audiencia de asilo.

Las autoridades estadounidenses preguntarán a los migrantes si temen ser devueltos a México en lugar de que sean ellos quienes planteen la pregunta de forma espontánea. Si expresan temor, serán examinados y tendrán 24 horas para encontrar un abogado o representante.

El Gobierno de Biden está trabajando para garantizar la seguridad de los migrantes cuando viajan hacia y desde la corte, incluso dentro de México.

Los migrantes que regresen de las ciudades orientales de Laredo y Brownsville, especialmente peligrosas, serán trasladados a otros lugares dentro de México.

Otra de las condiciones que puso México es que todos los migrantes puedan reunirse con un abogado antes de las audiencias.

Para ello, el Departamento de Estado está trabajando para lograr que los centros de migrantes tengan acceso telefónico y por video.

Además, las personas vulnerables (niños no acompañados, mujeres embarazadas, personas con enfermedades físicas o mentales, personas mayores, indígenas y miembros de la comunidad LGBTQ) estarán exentos de la política.

México informó que está negociando con Estados Unidos para conseguir dinero para solventar los refugios y aumentar sustancialmente el apoyo de las personas que esperaran a ese lado de la frontera.

"Con respecto al diálogo llevado a cabo a través del grupo técnico de trabajo sobre migración y desarrollo, el Gobierno de los Estados Unidos ha comunicado al Gobierno de México que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria con respecto a la reimplementación" de la ley, informó el Ejecutivo del país latinoamericano en su página web.

Télam