Paralelamente esta semana, el flamante ministro de Seguridad, Abel Cornejo, anunció la creación de un área específica dentro de la fuerza de seguridad provincial para atender esa problemática. En la última sesión del Concejo Deliberante se conoció la iniciativa para que el Estado dote a mujeres que denunciaron violencia de un kit de seguridad integrado por gas pimienta y  una 'taser'.

El nuevo miembro del Gabinete Provincial reconoció que la violencia de género evidencia en Salta índices demoledores y opinó que todos los recursos del Estado debieran orientarse a su atenuación y erradicación. Desde hace siete años se hacen esfuerzos para poner en caja esta situación en el marco de una emergencia prevista inicialmente por el término de dos años, pero que se prorroga por plazos similares sin que se visualice la morigeración de su gravedad.

Son 19 los crímenes que se han registrado en lo que va de 2021, con escenario en distintos puntos de la Provincia y protagonistas de edad y situación social diversa. En general existía un vínculo de pareja entre agresor y víctima y en buena parte de los casos, se contaban con denuncias previas por violencia de género, algunas de las cuales generaron  una orden restricción perimetral que fue violada al momento del ataque.

Otros datos recogidos en el Registro Provincial de Femicidios de Mujeres de la Matria Latinoamericana dan cuenta que por lo menos el 60% de los femicidios se produjeron en el ámbito privado de la víctima y del agresor, dejando en vista que la violencia ejercida se da principalmente en el ámbito doméstico. Las cifras superan la media nacional y construyen un cuadro lamentable, favorecido por una "una Justicia lenta", según marcara Malvina Gareca, representante de Mumalá, al exigir una urgente revisión de las herramientas de prevención y cuidado de las mujeres que han denunciado violencia de género. Esa voz autorizada ha demandado reforzar las políticas públicas que se van disponiendo, corrigiendo las que no han resultado suficientemente eficientes como la vinculada a consignas policiales que deben asignarse a los  hombres, para evitar la revictimización de la mujer.

Quizás la sensación de impotencia ante los resultados haya llevado a la concejal saencista Romina Arroyo a solicitar que desde el Ministerio de Seguridad se determine que las que hicieron una denuncia por violencia de género reciban un kit de protección. Al proponer que circulen armadas, planteó la opción entre una mujer muerta o una que se defienda.

El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar ceguera temporal. Se utiliza para dispersar disturbios o como defensa personal y aunque no es letal, en casos excepcionales puede provocar la muerte del afectado. El uso de esta sustancia en tiempos de guerra está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas desde 1997 pero en una importante cantidad de países está siendo autorizada, por ejemplo, para terminar con un disturbio violento. Una 'taser', otra propuesta de Arroyo, es un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona la incapacita temporalmente; sus descargas eléctricas descontrolan los músculos del cuerpo y el dolor intenso paraliza a los que las reciben. Se sabe de personas que murieron bajo sus efectos.

El pedido quedó flotando y nadie tomó el guante; quizás porque debe tratarse con mucha seriedad, desde la razonabilidad.

Salta, 18 de noviembre de 2021