Un plebiscito que muchos ven –desde la oposición, pero también desde el oficialismo– con resultado cerrado; un resultado en el que, puntos más, puntos menos, se repetirían los de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tuvieron lugar el 12 de septiembre pasado.
En ese primer 'round' electoral, la coalición peronista a la que pertenece Alberto Fernández, el Frente de Todos (FdT), obtuvo a nivel nacional el 31% de los votos, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), referenciado con el expresidente Mauricio Macri (que no es candidato), ganó con un 40%, al sumar los votos de todo el país.
Tras meses de pandemia, cuarentena, una crisis económica que ya venía del Gobierno de Macri pero que se agudizó, de tensiones al interior del FdT, el oficialismo quedó lejos del casi 48% que había conseguido en las presidenciales de 2019, cuando venció a JxC con una diferencia de ocho puntos.
Ante ese escenario, el Gobierno anunció una serie de medidas especialmente vinculadas con lo económico, como un aumento del salario mínimo, mayores partidas de asistencia social y créditos, y una modificación tributaria que beneficia a personas de ingresos medios y medios-altos.
En el FdT creen que tienen algún margen si aumenta la participación, que en las PASO fue de poco más del 66%. Mucho de ese voto es el que salió a buscar el oficialismo durante la campaña. Es la gran apuesta en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión peronista y corazón del kirchnerismo, en el que viven alrededor de un tercio de los habitantes de Argentina. Un empate allí, donde el oficialismo sacó en las primarias casi el 35,5% de los votos y JxC cerca del 40%, posiblemente sea considerado como una victoria para el FdT.
La votación, en la que se eligen 127 diputados de un total de 257 y 24 senadores de 72, definirá la relación de fuerzas en el Congreso. Para el Gobierno es clave intentar conservar algo del margen de maniobra que hoy tiene. Si se repiten los resultados de las PASO en las ocho provincias que eligen representantes para la Cámara Alta, el Gobierno perdería no sólo la mayoría, sino también el quórum propio en el Senado, que preside Cristina Fernández, en su carácter de vicepresidenta de la nación.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados habría una relación de fuerzas más pareja, porque ahora el oficialismo, que es primera minoría, dejaría de serlo. Un gobierno debilitado en ambas Cámaras tendría más difícil sacar proyectos legislativos propios, especialmente en un contexto de postpandemia, en el que podría pensar en avanzar con políticas no vinculadas con esa emergencia. Pero también cualquier revisión impositiva o una reforma judicial, en la que el Gobierno insiste desde el comienzo del mandato, se verían con mayores trabas.
El Congreso también debería aprobar un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gran desafío financiero de Fernández, que busca reestructurar un préstamo de 45.000 millones de dólares del organismo, para, entre otras cosas, no tener que enfrentar los pagos de la parte más gruesa de esa deuda, que deberían cancelarse hasta 2023, cuando nuevamente habrá elecciones presidenciales en el país.
Lo que sí aparece en este contexto es un cuestionamiento del escenario político establecido. En palabras de Pablo Touzón: "Si en 2001 fue la crisis del consenso de Washington, de la década menemista, con asambleas barriales, piquetes, club del trueque, hoy parece ser todo lo contrario, después de 20 años de hegemonía cultural del kirchnerismo, el antiestablishment parece ser de derecha".
Ese sentimiento antiestablishment está encarnado en propuestas ultraliberales o libertarios y con profundo discurso antisistema. El más visible es Javier Milei, que quedó tercero en las primarias de CABA. "El auge libertario se relaciona con la crisis del Estado", dijo Touzón, "que fue muy rico en los años 2000, fue poco inflacionario, un Estado con muchas posibilidades de hacer política autónoma, desendeudarse; eso cambió en la última década, pero no cambió la mentalidad del kirchnerismo". Entonces, señaló, "cuando viene un libertario y dice que el Estado no funciona, toca un nervio social". Es posible que una figura como Milei le saque votos a todas las otras fuerzas, pero por proximidad ideológica, lo miran con atención desde JxC.
Si por derecha la fuga de votos es desde JxC, por izquierda es desde el FdT. El Frente de Izquierda, que aglutina a movimientos trotskistas, terminó como tercera fuerza a nivel nacional en las PASO. Aunque no van a desplazar a las dos principales coaliciones, los buenos resultados conseguidos por los libertarios y por la izquierda son síntoma de un descontento y desgaste de la propuesta de alianza que gobierna Argentina desde 2003.
Y con todo esto, la economía, que arrastra hasta 2021 tres años de recesión; una inflación que no baja del 24,8% desde hace cinco años y hoy está por encima del 50% anual; un 40,6% bajo la línea de la pobreza y un 10,7% bajo la de indigencia; y un desempleo del 9,6%, con altas tasas de informalidad y cuentapropismo de bajos ingresos. Si bien es cierto que 2021 está mostrando cierto rebote en la actividad tras el progresivo relajamiento de las restricciones vinculadas a la pandemia –las estimaciones oficiales esperan que la economía crezca un 8% este año–, algunos pronostican una ralentización para 2022.
Según Elisabet Bacigalupo, jefa de análisis macroeconómico de la consultora ABECEB. ”La madre de todas las anclas que faltan es precisamente el ancla política" porque no se sabe qué hará el Gobierno tras las elecciones. Pero además tampoco hay ancla fiscal, por el elevado déficit fiscal y falta de acceso al crédito, entre otros factores; monetaria, por falta de independencia del Banco Central y falta de claridad sobre un posible programa monetario; ni cambiaria, porque a pesar de que el tipo cambio oficial crece lentamente eso no ha logrado controlar la inflación.
"Hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo, distinto y mejor de lo que tuvimos", dice la consultora.
Argentina tiene enormes desafíos; pero hay uno central, que a veces queda opacado por la inmediatez de las necesidades y las demandas: el de los consensos de largo plazo, que permitan establecer grandes políticas de Estado que se sostengan en el tiempo y garanticen lo que habitualmente se llama seguridad jurídica, o también, simplemente, previsibilidad.
