Un panorama relativamente claro quedó para el manejo de los legisladores que recibieron el informe presentado por el titular de la empresa con mayoría accionaria del Estado a miembros de la Cámara de Diputados. Los datos expuestos les dieron casi la certeza que el servicio de agua y saneamiento está al borde del colapso, que se necesitan alrededor de 60 millones de dólares para encarar las obras más urgentes y que seguir la pista de ingentes recursos que ingresaron a las arcas del Estado por vía de endeudamiento ya será tarea de la Justicia. 

El relato de un encuentro que fue sustraído de la participación pública, porque se realizó a puertas cerradas y no tuvo cobertura periodística, tiene como punto común la preocupación de quienes concurrieron a construirlo porque solo recibieron razones por la mala prestación de un servicio esencial. Los aspectos oscuros de la administración de la empresa desde que se reestatizó el paquete accionario, no fueron aclarados por los voceros de la reunión.

Desde la oposición, el diputado trotskista Claudio del Pla concluyó en que el actual presidente reconoció el desmantelamiento del sistema, que necesita una inversión de infraestructura a gran escala pero no determinó responsabilidades respecto de ese enorme pasivo. Ello lo lleva a sospechar que la pretensión es transferir la mayor parte del déficit a los usuarios, a través de tarifas que pueden dificultar el acceso al servicio.

Desde el oficialismo, el titular de la bancada mayoritaria, el diputado justicialista Germán Rallé, no pudo fundar la aprobación a la minuciosidad del informe ofrecido por Luis María García Salado, porque hubo abundancia de datos que no explicaron el desfinanciamiento y algo más grave, la ausencia de obras que se pagaron, aunque sea parcialmente. Reveló que ni siquiera está completo el balance del Fondo que se creó con el último ajuste tarifario, aunque en ese caso el titular de la compañía se escudó en algunas cuestiones de técnica contable que pueden explicarse en otra oportunidad. Y deberá hacerlo porque se trata de mil millones de pesos que se habrían usado para atender urgencias y comprar insumos imprescindibles, como el cloro, cuya ausencia podría ser fuente de gravísimos problemas de salud. Pero su manejo no se presentó documentado.

Por razones de gestión, los diputados del oficialismo no pudieron excluirse de la preocupación que también se profundizó en sus pares de la oposición. Se ha insistido que el 30% de la producción de agua se pierde por el mal estado de las cañerías, pero también se pierde otro tipo de recursos y no pareciera que sobre ello se haya hablado en extenso. Sí se aludió a la rescisión de contratos con empresas que cobraron anticipos y terminaron abandonando las obras por insolventes. Algunas de ellas fueron denunciadas y podrían ser la punta del ovillo para determinar integralmente cómo se manejaron los recursos de Fondos multimillonarios, como el de Reparación Histórica y Bicentenario. 

Quedaron algunos anuncios, como que a través de ENHOSA se firmarán convenios para obras con una inversión de 6 mil millones de pesos. Es el sello de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, que avanza mucho en compromisos pero no tanto en obras. Y eso también preocupa a legisladores que deben llevar respuestas a sus pueblos. 

Salta, 13 de octubre de 2021