Todo comenzó el 1 de abril de 2020, cuando ingresó como proyecto de ley la propuesta del gobernador Gustavo Sáenz presentada en el mensaje de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura. Era el primero que ofrecía el mandatario para informar sobre el estado general de la Provincia. 

No vengo a plantear utopías, dijo en esa oportunidad, cuando ya la pandemia se había instalado para condicionar la vida de los salteños los 17 meses siguientes y los que seguirán desde este día. Buena parte de los salteños tomaron nota en ese momento que había sido un compromiso electoral que se apuraba a cumplir honrando la palabra empeñada. 

El proyecto, que esperó casi un año para ser tratado, fue confeccionado según el titular del Ejecutivo, reuniendo “numerosos proyectos presentados en los últimos años, las diferentes manifestaciones y posiciones de dirigentes sectores políticos, de organizaciones civiles, de colegios profesionales de universidades”. De allí surgió un núcleo básico de coincidencias que la Convención deberá confirmar, reconstruir o descartar; esas son sus facultades. 

En palabras del gobernador, lo que se analizará los próximos 60 días es la limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, una optimización de los Concejos Deliberantes y la apertura  del período de sesiones con mayor anticipación. No hay mayores discusiones al respecto, excepto la solitaria voz del Frente de Izquierda, cuya única convencional antes de jurar marcó una disidencia que no se va a salvar.

Seguramente se acercarán posiciones entre los otros sectores políticos con representación en la Convención y si no se llega a un acuerdo, la democracia tiene previsto reconocer la imposición de la mayoría. Vale destacar que el oficialismo tiene el número suficiente de representantes para lograr una reforma como la diseñó el sector que lidera el gobernador Sáenz.

Por la naturaleza del hecho institucional que significa la reforma, es esperable que se alcance el más amplio acuerdo ya que buena parte del pensamiento político de la sociedad está expresado en la Convención. Pero se ha puesto en tela de juicio, desde dentro mismo del cuerpo, la legitimidad con la que funcionará la Convención Constituyente. Es escasa, dijo la convencional Sonia Escudero al analizar los resultados electorales del domingo 15 de agosto. Concurrió a votar el 62% de los electores y sumando el voto en blanco, según sus cálculos se expresó la mitad de la población habilitada para votar. Es discutible tal apreciación porque la abstención es parte de la propia decisión ciudadana.

Como también es discutible la posición de la izquierda que va a cuestionar todas y cada una de las disposiciones que se vayan acordando. Es que pretende desbordar los puntos de reforma para incluir lo que considera es del verdadero interés de los trabajadores. 

Esa es la virtud de la democracia. La Convención permite que todas las opiniones se escuchen y se debatan. Solo debe asegurarse que sea de cara a la ciudadanía, en una apertura plena.

Salta, 30 de septiembre de 2021