Comenzó su tarea la Convención Constituyente para realizar una reforma parcial de la Carta Magna. Un proceso complejo desembocó en la integración del cuerpo de 60 miembros, luego que se cuestionara desde la propia declaración de la necesidad de la reforma a la forma de elegirlos, sin dejar afuera las cuestiones a debatir. Ello anticipa que la tarea principal será la construcción de los consensos para que el resultado tenga una legitimidad indiscutible.
Opinión30/09/2021
Todo comenzó el 1 de abril de 2020, cuando ingresó como proyecto de ley la propuesta del gobernador Gustavo Sáenz presentada en el mensaje de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura. Era el primero que ofrecía el mandatario para informar sobre el estado general de la Provincia.
No vengo a plantear utopías, dijo en esa oportunidad, cuando ya la pandemia se había instalado para condicionar la vida de los salteños los 17 meses siguientes y los que seguirán desde este día. Buena parte de los salteños tomaron nota en ese momento que había sido un compromiso electoral que se apuraba a cumplir honrando la palabra empeñada.
El proyecto, que esperó casi un año para ser tratado, fue confeccionado según el titular del Ejecutivo, reuniendo “numerosos proyectos presentados en los últimos años, las diferentes manifestaciones y posiciones de dirigentes sectores políticos, de organizaciones civiles, de colegios profesionales de universidades”. De allí surgió un núcleo básico de coincidencias que la Convención deberá confirmar, reconstruir o descartar; esas son sus facultades.
En palabras del gobernador, lo que se analizará los próximos 60 días es la limitación de los mandatos para garantizar la alternancia, el fortalecimiento de la administración de justicia, un mejor funcionamiento de los órganos de control, una optimización de los Concejos Deliberantes y la apertura del período de sesiones con mayor anticipación. No hay mayores discusiones al respecto, excepto la solitaria voz del Frente de Izquierda, cuya única convencional antes de jurar marcó una disidencia que no se va a salvar.
Seguramente se acercarán posiciones entre los otros sectores políticos con representación en la Convención y si no se llega a un acuerdo, la democracia tiene previsto reconocer la imposición de la mayoría. Vale destacar que el oficialismo tiene el número suficiente de representantes para lograr una reforma como la diseñó el sector que lidera el gobernador Sáenz.
Por la naturaleza del hecho institucional que significa la reforma, es esperable que se alcance el más amplio acuerdo ya que buena parte del pensamiento político de la sociedad está expresado en la Convención. Pero se ha puesto en tela de juicio, desde dentro mismo del cuerpo, la legitimidad con la que funcionará la Convención Constituyente. Es escasa, dijo la convencional Sonia Escudero al analizar los resultados electorales del domingo 15 de agosto. Concurrió a votar el 62% de los electores y sumando el voto en blanco, según sus cálculos se expresó la mitad de la población habilitada para votar. Es discutible tal apreciación porque la abstención es parte de la propia decisión ciudadana.
Como también es discutible la posición de la izquierda que va a cuestionar todas y cada una de las disposiciones que se vayan acordando. Es que pretende desbordar los puntos de reforma para incluir lo que considera es del verdadero interés de los trabajadores.
Esa es la virtud de la democracia. La Convención permite que todas las opiniones se escuchen y se debatan. Solo debe asegurarse que sea de cara a la ciudadanía, en una apertura plena.
Salta, 30 de septiembre de 2021
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
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