Huelga docente

El gobernador de la provincia, refiriéndose a los huelguistas, manifestó que con motivo de la huelga del año pasado protagonizada por los mismos actores, les había recomendado que se sindicalicen de tal forma que pudieran participar en las paritarias. Es decir que ya sabía de antemano que este año iba a tener el mismo reclamo de los docentes y principalmente por los haberes que perciben.

La efectividad de la huelga fue de tal magnitud que los educandos perdieron un mes de clases.

El principio de la sustracción al trabajo del dependiente, mediante la realización de una huelga, persigue como finalidad resentir la producción y causar un perjuicio a la patronal. En este caso la patronal es sólo el Estado Provincial, ya que en la educación privada no hubo huelga docente.¿ Sintió el gobierno de Salta el perjuicio como administrador del Estado ? A la luz de la duración de la medida pareciera que lo entendió como que el perjuicio a los escolares no es un daño al Estado y que el gobierno sale indemne.

El Estado tiene la obligación constitucional de proveer la educación pública a sus habitantes, no únicamente por el logro personal de cada alumno, sino por el logro colectivo de una sociedad más desarrollada que le permita, constantemente, avanzar en todos los aspectos comunitarios y económicos de  la provincia. Una sociedad instruida y culta es la única capaz de dar a sus componentes bienestar y futuro. Si el gobierno de turno no entiende tal principio, la consecuencia es debilitar al Estado y a los habitantes de la provincia.

El gobierno dijo que el reclamo de los docentes era legítimo. Si así lo consideró es inexplicable que haya permitido que la huelga dure tanto tiempo. Solamente se explicaría si se considerara que el Estado no es responsable que los alumnos sigan sufriendo ya que vienen muy menguados en su aprendizaje desde el año pasado como resultado de la anterior huelga y de la pandemia que se instaló con crudeza en las aulas vacías de la educación pública. Cabe resaltar un desparejo aprendizaje a favor de los alumnos de la educación con gestión privada.

El gobierno no descontó los haberes a los docentes que hicieron huelga porque consideró que el reclamo era legítimo y el derecho constitucional los protegía, en una mirada amplia de ese derecho. Si así resultó a la postre, cabe preguntar por qué no aplicó esa lógica para sentar en la mesa de diálogo a los huelguistas. Son gente educada, tan educada que se les confía nada más y nada menos que la educación de millares de niños y jóvenes de nuestra provincia. No tendría que haberlos dejado únicamente en la acción lejos del diálogo.

El gobierno y la ciudadanía deben realizar un claro análisis de lo que ocurrió, para enmendar tremendo daño sufrido por niños, jóvenes, docentes y el Estado provincial. Dejar pasar como que ya sucedió es no dimensionar adecuadamente el perjuicio sufrido y la repetición de acciones similares.