Justicia salarial

Recordemos la última convocatoria de las organizaciones sociales más desprotegidas, conducidas por sectores opuestos al gobierno, que cubrieron centenas de cuadras y obstaculizaron el derecho a circular libremente. Estas acciones son diarias, por lo que por los medios de la Ciudad de Buenos Aires existe un calendario de cortes de calles.

Entre nosotros tenemos los reclamos docentes, no solo por mejores salarios sino también por desempeñar sus funciones en escuelas dignas. Cortan calles, cercan la Legislatura y la Casa de Gobierno por una sola razón. Es el único modo de lograr sus objetivos, pues al gobierno le falta planificación para adelantarse a los acontecimientos. Los autoconvocados, que desconocen la representatividad de sus respectivos gremios, no es la primera vez que reclaman de ese modo. Durante el Gobierno de Roberto Romero los directores de repartición, los Jefes de Despacho y todas las conducciones administrativas importantes se autoconvocaron y solicitaron mejoras salariales. Los convocamos, los recibimos y resolvimos de común acuerdo sus reclamos. El UPCN nos reclamó por no haberles dado participación, pero al comprobar la magnitud y la justicia del reclamo, reconoció que habíamos actuado con corrección.

Toda la cuestión salarial, en ese momento histórico, recaía en la Secretaría General de la Gobernación de la que yo era titular. Y allí constatamos inequidades salariales. Por ejemplo, en Vialidad de la Provincia, con 21 categorías salariales, a partir de la categoría 16 ganaba más que el gobernador. Sus ingenieros, así como los del Sindicato de Luz y Fuerza, ganaban dos veces y media más que los ingenieros de la desaparecida Dirección Provincial de Arquitectura. Los empleados de la Administración General de Aguas de Salta tenían una remuneración pautada por el Poder Ejecutivo local. El Sindicato y la Federación de Luz y Fuerzo lograron que se incorporaran a su sindicato con el mismo convenio colectivo. Tuvimos reclamos en La Poma, de los directores de escuela, de los empleados de salud, incluyendo al Director, porque el tomero -el que distribuía el agua de riego-, pasó a ganar mucho más que ellos.

Estas inconsecuencias estimo que persisten. Por una razón muy simple. Los convenios colectivos se discuten en Buenos Aires y las pautas remuneratorias se ajustan al promedio general y a las necesidades existentes en ese lugar, por lo que las provincias pobres, como todas las del Norte Grande, debían pagar sueldos incompatibles con lo que ganaban en la Administración Pública. En los convenios colectivo se prevén suplementos por vivir en zonas desfavorables, como la Patagonia. Debieran preverse también quitas para las provincias más pobres. Más aún, los convenios colectivos debieran ser zonales, para que no exista desproporción con las remuneraciones provinciales.

Nuestra constitución garantiza igual remuneración por igual trabajo. Por ello los convenios colectivos se aplican en todo el país. Pero el nuestro es un país federal, con provincias pobres y provincias ricas. No es un país unitario como Chile, donde en toda su extensión ganan iguales sueldos, como mejoras en las zonas desfavorables. Aplicar en el Norte Grande salarios pautados para zonas ricas, genera una gran injusticia.

El Ministerio de Trabajo de la Nación, en una publicación de Clarín del 22 de agosto de este año, realiza comparaciones de sueldos entre provincias, en la actividad privada. El promedio nacional, a marzo del 2021 es de $72.000 mensuales. En Santa Cruz de $127.000. Chubut $98.000 y las provincias del Norte Grande redondeando los 45.000. pero en las distintas actividades las diferencias son abismales. En la Ciudad de Buenos Aires el sector de minería tiene un promedio de $380.000 y Hotelería y Gastronomía de $34.00. En general, las remuneraciones mas bajas se dan en la enseñanza y en la hotelería y gastronomía. En Salta los peor remunerados son los gastronómicos.

Estos números demuestran la diferencia entre provincias pobres y provincias ricas. Las pobres no pueden pagar los sueldos de las ricas. Pero,  en una nación solidaria estas inequidades son dolorosas. Urge un pacto social y económico para lograr racionalidad entre salarios, pero también en los precios.

Si en Salta tuviésemos acceso a la información y la transparencia que requiere la ley nacional, a la que nos hemos adherido. Si todos los sectores estatales soportaran en forma pareja los costos de una recesión de cuarenta años y un estado similar a una guerra a causa de la pandemia. Si conociéramos cuánto ganan nuestros gobernantes, en especial la Corte de Justicia. Si tuviéramos certeza que los viáticos, gastos reservados, viajes, pautas publicitarias, costos licitatorios son acorde a nuestra pobreza, Los reclamos salariales serían ajustados a la situación general. Pero como se los desconoce, tienen derecho a reclamar lo que consideran justo, no lo que es posible.

Porqué no intentar copiar a Chile. 18 meses antes del cambio de autoridades, una comisión de expertos, con antecedentes de prestación de servicios en cargos relevantes, y ad honorem, fija la remuneración de los poderes para los cuatro años siguientes, que es la duración de los mandatos.