No les falta nada a los jubilados. A una atención sanitaria restringida, burocracia coartadora y conducción sospechada de corrupción, suman ahora el uso de su obra social a favor de una organización política que no derrama nada sobre los viejos.
Opinión04/08/2021
La apertura de nuevas investigaciones judiciales, que se suman a una causa que condenó a ex directivos de delegaciones regionales del PAMI, va poniendo sobre el tapete la utilización espuria de ese organismo, de importancia indiscutida en un tramo de la vida de las personas en el que la salud sufre serios deterioros. También las UDAI del ANSES en Salta son investigadas mientras no se logra que mejore la atención de las cuestiones de seguridad social, sector en el que jubilaciones y pensiones son un eje vertebral.
En ese marco se conoció, por denuncias de sus trabajadores, que no solamente tienen una atención de su salud de pésima calidad a través de su obra social sino que hay una intención no revelada sobre la disponibilidad de recursos con los que se cuenta. Referentes del gremio que nuclea a los trabajadores del PAMI han informado que a los desmanejos del organismo en la Provincia, se suma la retención de insumos imprescindibles, como bastones, y de electrodomésticos que provienen de decomisos que realiza la AFIP y se destinan a solucionar problemas de afiliados y también, a Centros de Jubilados.
La pandemia generó problemas a la gestión del presidente de Alberto Fernández apenas irrumpió en el país. Las colas en los bancos en pleno aislamiento significó la caída del primer titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, designada por el gobierno del Frente de Todos. Desde ese momento y con la designación de la militante de La Cámpora, Fernanda Raverta, todas las representaciones de ese organismo fueron ocupadas por integrantes de ese grupo político, que lidera a nivel nacional Máximo Kirchner.
A Salta le tocó Marcos Vera y Susana Armayo. El primero, titular provincial de La Cámpora, asumió el 29 de mayo de 2020 en la única UDAI habilitada y prometió llevar soluciones a la gente y garantizar una mejor atención. Enfatizó en que no iba a colgar una bandera de su grupo en la Anses. Ninguno de los dos funcionarios duraron un año en la gestión y debieron dejar sus cargos por los desmanejos –que rozarían actos ilícitos- en el ejercicio de su tarea.
La ANSES y el PAMI constituyen la caja más importante del sector público. Garantizan recursos multimillonarios y un despliegue territorial imposible de igualar, señalan analistas políticos, quienes estiman que puede ser una plataforma para cualquier proyecto presidencial.
La Administración de la Seguridad Social es una poderosa estructura que cuenta con 18 millones de beneficiarios, 13 mil empleados y más de 300 Unidades de Atención Integral (UDAI). Opera en todas las provincias y ciudades y no solo atiende a los jubilados sino otros servicios de impacto social imponderable como la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, los subsidios por desempleo y las ayudas escolares. El PAMI, en tanto, tiene casi 5 millones de afiliados en todo el país, 38 Unidades de Gestión Local (UGL) y unas 600 agencias.
En estos tiempos, ambos organismos –además de denuncias judiciales- son objeto de quejas y reclamos no sólo por parte de los afiliados. Algunos sectores políticos se sumaron sin mayor eficacia a esa demanda de mejoras impostergables. Todo indica que es necesario un mayor compromiso de las autoridades provinciales y de los referentes políticos, especialmente los que se vinculan al oficialismo nacional.
Salta, 04 de agosto de 2021
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