Un importante número de niños y adolescentes siguen sin clases. Parte de los docentes, representados por organizaciones marginales de la estructura gremial, dispusieron medidas de fuerza. Sin rendir cuentas de los resultados de su tarea en tiempo de la pandemia priorizó su lucha salarial sin atender a que en cualquier instancia prevalecen los derechos de los primeros.
Opinión02/08/2021
La educación en Salta tiene ya una larga historia de decadencia. Ningún gobierno del último medio siglo pasará a la historia por los esfuerzos puestos en su desarrollo; lo más que se podrá destacar es algún período de mejoras edilicias sin que ninguna gestión haya llegado a erradicar las escuelas ranchos. Las reformas legislativas no mostraron su efectividad en la realidad, a la que no innovaron en mejoras. También es relevante el bajo impacto de los cambios en la formación de los docentes, especialmente los de nivel primario.
El nivel terciario ha permitido que en todo el territorio salteño se formen profesores cuyo perfil no es posible definir, quizás porque nunca hubo un proyecto educativo a la que estos profesionales se referencien. Se trata de mano de obra medianamente calificada, que lleva adelante una labor que no le exige un talento especial; ni siquiera vocación.
Esta situación se puede verificar en el egresado del sistema educativo provincial, con escasa formación en base a objetivos predeterminados. Con excepción de quienes cursan estudios técnicos, algunos de los cuales que pueden aspirar a incorporarse a alguna empresa o taller, el resto debe continuar estudios superiores, con la misma desorientación con la que transitan los ciclos primario y medio. Las pruebas evaluatorias, nacional o internacionales, ponderan con precisión el bajo rendimiento ante exigencias básicas. No es un relato señalar que el estudiante salteño lee mal, no puede resolver operaciones básicas y no manifiesta capacidad para la resolución de situaciones problemáticas.
Pero también es cierto que como trabajadores, los docentes no son los más favorecidos. La última escala salarial para el sector rural o la de encargados de edificios –solo para citar dos ámbitos laborales- tienen en el arranque salarios similares. Sin que signifique un juicio de valor sobre tareas que tienen la misma dignidad y seguramente el mismo esfuerzo, no exigen la misma formación académica en el inicio.
Además, el insumo principal que trabajan en toda su carrera laboral es único y con un valor incalculable; ni uno de los Cullinan, diamantes que integran la colección de joyas de la Corona Británica, se equipara a un niño de Rivadavia, la zona más pobre de la Provincia. Sin embargo, una semilla de maíz, un ternero destinado a la exportación, una tonelada de salmuera de litio, por los que se hacen inversiones millonarias, son más importante que el recurso humano que transita las escuelas. Y lograr que no se pierda debiera ser más que un trabajo; es una misión.
Los trabajadores de la educación representados por el grupo de Autoconvocados y por Sitepsa han decidido imponer un paro por tiempo indeterminado los primeros y por 48 horas los segundos, a partir de este lunes y al término de tres semanas de vacaciones de invierno. Rechazan el acuerdo salarial alcanzado por la Intergremial Docente y demandan mejoras en la tarea.
La Convención de los Derechos del Niño –que tiene rango constitucional en la Argentina- en su artículo 3º establece que “cuando exista conflicto entre los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”. Y el cumplimiento de esa manda debe ser asegurada por el Gobierno Provincial.
Salta, 02 de agosto de 2021
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.
Los legisladores trataron sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo que establece el marco legal que define la estructura del gobierno salteño. La iniciativa prevé la reducción del número de Ministerios a 8, así como la reducción de Secretarías.