La situación fue expuesta en la sesión del martes de la Cámara de Diputados y si bien el eje del planteo se ubicó en una cuestión de género, desnuda una problemática compleja, que obliga a la intervención de distintos estamentos de los gobiernos.
La exposición de la diputada saencista Silvia Varg dio cuenta de una situación que afecta a mujeres pobres, que aceptan casarse por un precio que pagan quienes están necesitados de tener una ciudadanía sin mayores trámites, que les permita trabajar sin otros controles que los que se aplican sobre los emprendimientos nacionales. Según el informe, en ese intercambio se incluye a niñas de 14 años, cuyos padres llevan adelante la negociación como si esa persona fuera un objeto. De allí la queja por la cosificación a la que se somete a ese sector de la población como razón de la denuncia.
La cuestión es más profunda porque no se trata de una compraventa que se agota en el momento que, con libreta de casamiento en la mano, el inmigrante comienza a tramitar su ciudadanía. Se lleva a su cónyuge, a la que abandona apenas obtenido el documento que gestiona. Según el relevamiento de la situación hecho por la legisladora, en la mayoría de los casos, la esposa queda sola y embarazada. La descripción señala que la precariedad socio económica que la llevó a un matrimonio arreglado se profundiza irremediablemente.
Cabe señalar que en el caso de los menores de edad, la normativa vinculada al matrimonio exige una dispensa judicial, que demandan los padres. Evidentemente, los magistrados no son llamados a investigar ante cierta frecuencia con la que se repiten estos trámites; al contrario, los blindan dando el sostén legal con el que arranca la simulación.
En Salta son cerca de 18 mil los residentes colombianos y esta denuncia no implica un juicio de valor sobre toda esa población. A propósito de las movilizaciones sociales sucedidas en su país de origen, la Asociación de Colombianos y Colombianas de Salta, cuyo titular es Jhon Jairo Vargas, destacó el contexto crítico que afecta a esa nación desde las últimas décadas, que provoca que muchos de sus ciudadanos deban emigrar en búsqueda de mayor calidad de vida. En especial destacan las consecuencias de lo que llaman la narcopolítica.
No es mucho lo que se conoce de la actividad de esa comunidad en la Provincia y algunas referencias pueden resultar inquietantes. Luego de un operativo policial que desbarató una organización ilícita en 2019, el diario Infobae publicó un informe en el que dio cuenta que sus miembros eran colombianos con DNI argentino, que ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinos y luego obtuvieron sus documentos. Muchos de los que ingresan de esa manera y utilizan atajos para nacionalizarse suelen dedicarse a la usura, seleccionando a sus víctimas entre los que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican.
Es cierto que hay una cuestión de género que debe atenderse pero especialmente se debe poner cuidado en estas maniobras, por su trasfondo. Hay varios frentes que deben cubrirse y a eso están llamados los Ejecutivos municipales, Provincial y Nacional, además del Congreso, ajustando la legislación y la Justicia, abandonando su morosidad.
Salta, 28 de julio de 2021
