Por ahora no hay señales respecto de cambiar el calendario del período lectivo y no es precisamente la preocupación sobresaliente del gobierno educativo. Debe resolverse la promoción de este año escolar que, al parecer, acotará vacaciones de verano a buena parte de la población estudiantil.

Este martes sesiona el Consejo Federal, que integran los ministros de todas las Provincias y la Nación para acordar, según trascendió periodísticamente, los criterios de evaluación, acreditación y promoción en los niveles obligatorios; esto es, primario y secundario. Publicaciones del pasado fin de semana dieron cuenta que hay una propuesta de la cartera nacional, que encabeza Nicolás Trotta, que plantea como criterio para la promoción de un grado o año a otro, tener aprobados al menos el 70% de los contenidos que fueron priorizados para este año.

La necesidad de debatir y llegar a un consenso respecto de qué manera se dará por aprobado el curso, luego de un año tan irregular como el 2020 -del que no se tiene noticias cómo se consideró cualquier forma de cursado- da la razón al ministro nacional en orden a que "no existe el debate acerca de la promoción automática”. Y esta decisión pone a todas las provincias en la necesidad de definir cómo se va avanzar, bajo la lupa de la preocupación social porque lo sucedido fue consecuencia de decisiones políticas tomadas en cada jurisdicción.

Quienes accedieron al documento que se presentará mañana en la reunión del Consejo Federal de Educación aseguran que se centra en el incremento de los tiempos de enseñanza para fortalecer la calidad de los aprendizajes desde agosto hasta diciembre pero incluye febrero del 2022 para aquellos estudiantes que lo necesiten. Si bien la educación es responsabilidad excluyente de las Provincias, el ministerio de Trota está dispuesto a aportar todos los recursos que sean necesarios para intensificar el trabajo en las escuelas.

Todo indica que a partir de este martes comenzará a tratarse la cuestión sobre una guía a discutir pero las decisiones se adoptarán cuando cada jurisdicción tenga informado el estado de situación en función del relevamiento de trayectorias escolares que se viene desarrollando. Desde distintas fuentes se tiene una aproximación pero se necesita contar con cifras fehacientes sobre cuántos estudiantes tuvieron continuidad sostenida, quienes presentaron trayectorias intermitentes y quienes alcanzaron una vinculación de baja intensidad; especialmente se ha dispuesto exigir un registro nominalizado de estudiantes desvinculados. Toda esta tarea debe estar finalizada al 31 de agosto, para organizar el último cuatrimestre y determinar la extensión en febrero, a través de tutorías, talleres, materiales educativos y recursos para estudiantes, docentes y equipos de conducción en variados soportes.

El último informe de Unicef, titulado “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes”, revela que en la Argentina el 19% de los chicos no volvieron a la escuela, tras el cierre de 2020. Esta situación empeora en el Noroeste, donde ese porcentaje se eleva al 29%, con lo cual seguramente no se prestará atención a demandas del sector docente que no sean las que concurran a un trabajo conjunto para salir de esta crisis. 

La familia, que viene jugando un papel importante para sostener la escolarización, tendrá que ir tomando nota que habrá una sobreexigencia para que la excepcionalidad de la pandemia no tenga a niños y adolescentes entre sus víctimas.

Salta, 19 de julio de 2021