A poco menos de un año, la causa iniciada en investigaciones periodísticas se encamina a una sanción judicial que alcanzará a 24 concejales de distintas localidades de la provincia y un empleado del Concejo Deliberante de la comuna capitalina.

La resolución de la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, cerró una extensa audiencia de control de acusación que demandó dos jornadas, entre el miércoles y el jueves pasado. Los acusados echaron a mano a creativos argumentos para sostener que no habían cometido delito y culparon al Estado por fallas en las tareas de control. 

Este avance reactualizó una cuestión de la que ya no se hablaba, como tampoco se habla del IFE, una ayuda social que emergió en plena cuarentena, cuando la población más vulnerable –aquella que vivía de changas o de lo que podía recaudar diariamente a través de sus actividades- fue obligada a acatar una estricta cuarentena.  

El IFE fue puesto en vigencia a partir del decreto de Necesidad y Urgencia N°310 del 24 de marzo de 2020, que habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos y atenuar la pobreza con esa transferencia. Los principales destinatarios fueron trabajadores informales o de casas particulares y monotributistas de las primeras categorías y fue una de las principales decisiones que adoptó el Ejecutivo Nacional. Se había calculado que dos millones de personas serían las beneficiarias pero el pago no fue el único. En junio de 2020 hubo un segundo cobro de la prestación económica de mayor alcance en la historia del país  y el tercero y último, fue en agosto.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó en la Cámara de Diputados que se cubrió una población de cerca de 9 millones de personas cada vez que se pagó, lo que representó una inversión total en asistencia social de $ 265.000 millones, equivalente a 0,77 puntos del PBI. Las alicaídas arcas del Estado no pudieron soportar el peso de ese drenaje de recursos y se encomendó a la Presidenta del Consejo Nacional de Políticas Públicas que comunique que no habría otro aporte de ese tipo. En todo caso, dijo el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, se podría aumentar la ayuda pero de forma focalizada con programas para los que más los necesitan. Hasta ese momento estaba pasando la primera ola de la pandemia de coronavirus y ante la certeza que vendría una segunda como la que se estaba instalando con el invierno boreal, se optó por reactivar la economía, no sin mantener la tarjeta Alimentar.

El esfuerzo fue monumental y no de un Gobierno sino de un país en su conjunto, con la excepción de quienes creían haber encontrado en la atención de la miseria una oportunidad para medrar. La mayoría de los acusados percibía sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos, en concepto de haberes abonados por el Estado, cuando era requisito que el beneficiario no tuviera relación de dependencia ni tampoco ingresos propios. 

Estos funcionarios elegidos por los vecinos a los que representaban conocían las condiciones y las violaron, dejando claras huellas en los mecanismos que usaron para recibir irregularmente el beneficio. Peor aún, sabían de las necesidades que justificaban la ayuda y priorizaron sus bolsillos, defraudando no solo a la administración pública.

Defraudaron la confianza pública y no debiera considerarse que haya reparación posible. 

Salta, 07 de julio de 2021