Fuerte subejecución y reducción en partidas destinadas a las políticas de género

Política 05 de julio de 2021
El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que conduce Elisabeth Gómez Alcorta, es una de las jurisdicciones con mayor nivel de subejecución en este primer semestre: de su partida anual de 6204 millones solo gastó el 24,7%.
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El gobierno de Alberto Fernández se jacta de exhibir ante el mundo que la Argentina se halla a la vanguardia en políticas de género. Ante el Foro Generación Igualdad, un evento organizado en París por el presidente francés Emmanuel Macron, Fernández enumeró como grandes logros de su gestión la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad como así también la instrumentación de diversos programas para prevenir la violencia, promover la educación sexual y la igualdad de género.

Entre las loas del discurso y los fríos números de la ejecución presupuestaria, sin embargo, se observa un largo trecho. Por de pronto, el promocionado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que conduce Elisabeth Gómez Alcorta, es una de las jurisdicciones con mayor nivel de subejecución en este primer semestre: de su partida anual de 6204 millones solo gastó el 24,7%, según los datos del sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Bastante lejos del promedio general de ejecución presupuestaria que, a esta altura del año, araña el 48%.

Si se bucea hacia el interior de los programas con perspectiva de género previstos en el presupuesto, los datos son aún más llamativos, pues no solo se observa una notoria subejecución del gasto, sino que varias partidas fueron directamente reducidas. En efecto, según se detalla en el monitor que publica la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas destinados a la salud sexual y reproductiva tuvieron un recorte, en este primer semestre, de poco más de $370 millones (-6,9%) de su crédito inicial, mientras que aquellos que apuntan a prevenir la violencia de género sufrieron una poda de casi $473 millones (-7,5%).

Tal vez Fernández ignoraba estos detalles presupuestarios cuando brindó su exposición frente a su colega Macron. Allí exaltó que su gobierno asumió “la tarea de fomentar, apoyar y participar en la promoción de la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres, personas transgéneros y no binarias”, al tiempo que exhibió como un logro la sanción en nuestro país de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

“Amplía beneficios y derechos, y garantiza la atención de la salud a las mujeres en la etapa del embarazo y a los niños y niñas en los primeros años de vida”, celebró.

Las prioridades de un gobierno no solo se declaman; se cristalizan cuando las políticas están dotadas de recursos suficientes y estos, a su vez, se ejecutan en tiempo y forma a lo largo del ejercicio. El monitor de la OPC, que detalla el nivel de gasto de cada uno de los programas con perspectiva de género, revela que su ejecución es bastante dispar.

Por caso, la partida “Fortalecimiento de la Salud Sexual Integral” del Ministerio de Educación, como los programas que instrumenta el Ministerio de Salud –“Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable” y “Prevención del Embarazo Adolescente”– exhiben niveles altos de ejecución, superiores al 50% al primer semestre. No sucede lo mismo con el programa destinado a la Atención de la Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, con apenas el 25,8% de ejecución; Salud Integral de la Adolescencia (13%) y el de Apoyo a la Reproducción Médicamente Asistida (1,4%).

Violencia de género

El femicidio en nuestro país es un flagelo que, pese a las políticas públicas instrumentadas, no decrece. Menos aún en tiempos de pandemia y cuarentena. Según el Registro Nacional de Femicidios, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año pasado se registraron 251 víctimas directas de femicidio (en seis de estos casos se trató de un travesticidio/transfemicidio). La cifra da cuenta de que una persona cada 35 horas fue asesinada por motivos de género. En otras palabras, en nuestro país, durante el último año, no pasó ni un día y medio sin una víctima fatal de femicidio.

El Gobierno decidió encarar esta problemática con una serie de programas específicos que se instrumentan desde los ministerios de Justicia, Desarrollo Social y Mujeres y Diversidad. “Trabajamos contra las violencias de género como política de Estado, una decisión impulsada por el presidente @alferdez para avanzar en todo el Gobierno nacional y de manera federal, aún más en la emergencia sanitaria”, escribió hace pocos días la ministra Gómez Alcorta en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el programa “Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género”, con $5400 millones de presupuesto, solo se ejecutó en un 23,3% en estos primeros seis meses del año. Se trata de la partida más importante del ministerio que comanda Gómez Alcorta, pues allí se concentran las principales políticas de acción, como el programa Acompañar, dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género; la construcción de centros territoriales integrales; la instrumentación de la Línea 144; el programa para el apoyo económico urgente a familiares en casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio, entre otros.

Sin embargo, según el monitor de la OPC, el programa Acompañar está ejecutado en apenas el 8,6%; el de “Asistencia para la Reformulación de Hogares con Protección Integral”, en un 36%; y el de “Acciones para la Protección contra la Violencia por Razones de Género”, en un 9,8%.

El Ministerio de Justicia, que comanda Martín Soria –quien hace de la lucha contra la inequidad de género su bandera de gestión– tiene dos programas específicos: el de “Rescate y Acompañamiento a la víctima de Trata”, el cual se ejecutó en un 45%, y el de “Protección de Víctimas de Violencia” –con una partida de $485,4 millones– que solo gastó hasta ahora el 22,4%.

Mejor desempeño viene realizando hasta ahora el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, y su programa para la reparación de los niños y adolescentes víctimas de femicidio (ley Brisa), que ya ejecutó el 52% de los $285,5 millones de su partida anual.

El presupuesto destina también cuantiosos recursos a la política de capacitación y visibilización sobre la problemática de género. A ello se dedica el programa “Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad” del ministerio que comanda Gómez Alcorta. Hasta ahora, dicha partida se ejecutó en un 22%.

“Argentina, además de tener un movimiento de mujeres y diversidad masivo, potente y luchador, tiene un gobierno nacional que prioriza la agenda de género y que la hace suya, que es lo que finalmente posibilita centralmente las transformaciones que se están llevando adelante” en el país, subrayó Gómez Alcorta en recientes declaraciones públicas.

En efecto, el Gobierno puede vanagloriarse de que la ley de presupuesto 2021, a diferencia de otras gestiones, es la primera en contener partidas con perspectivas de género y diversidad, a las que destinó la friolera de 1,3 billones para distintas áreas de gobierno. Sin embargo, al menos durante el primer semestre, su ejecución presupuestaria todavía no está al nivel de las ambiciosas metas previstas.

La Nación

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