El asesinato de mujeres representa una forma extrema de violencia. La figura del femicidio tiene énfasis en la misoginia, esto es, la mayoría de los asesinatos de mujeres poseen un sustrato común motivado por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres. Se trata de crímenes equiparable a los crímenes de odio.

La otra perspectiva de estos crímenes, denominada feminicidio, está vinculada con la responsabilidad del Estado cuando favorece la impunidad de estos crímenes.  Esa impunidad, esa falta de verdad y justicia en los casos de asesinato de mujeres, se relaciona muchas veces con la corrupción y la desidia en la investigación. 

 Para luchar contra la impunidad, es necesario impulsar acciones de responsabilidad del Estado cuando la desidia, la corrupción, la indiferencia hayan llevado a que no pueda castigarse el crimen. Los recientes casos de Jimena Salas, Luján Peñalva, son algunos ejemplos.

 En la guerra contra la impunidad, este año tenemos en Salta la oportunidad de hacer algunas reformas constitucionales que nos permitan avanzar en diseñar una justicia independiente y de ese modo, una justicia más accesible y eficaz, dejando atrás tanta impunidad.

 Para comprender el sistema que nos rige, el que genera impunidad, debemos decir que los jueces inferiores están  totalmente sujetos a la Corte de Justicia, por lo tanto tienen escasa independencia: la Corte decide sobre su ingreso, su ascenso, puede aplicarles sanciones disciplinarias y hasta puede destituirlos. Además, la Corte decide con qué recursos materiales y humanos contarán los jueces.

 Pero al mismo tiempo, los jueces de la Corte están totalmente subordinados al poder político,  no sólo porque necesitan que el gobernador de turno les renueve el mandato, sino porque en esos cargos se designan personas del círculo íntimo del gobernador. Esto hace que los jueces de la Corte estén siempre tratando de complacer al poder del que recibieron el cargo y del que depende la renovación de su mandato. 

 El sistema vigente está orientado a la designación de jueces dispuestos a obedecer a la Corte, ya que ésta tiene los resortes para recompensar a quienes sean funcionales a sus intereses, aunque esto implique dar la espalda a la ley, a la búsqueda de  verdad y justicia. Así lo vimos en algunos casos emblemáticos como el doble femicidio de Cassandre y Houria, Luján Peñalva, Cintia Fernández, entre otros casos.

 Si en la próxima reforma constitucional eliminamos la posibilidad de reelección de los jueces de Corte, y modificamos la forma de su  designación, estaremos dando pasos importantes hacia una justicia independiente, una justicia que rinda cuentas a la ciudadanía, que realice la anhelada justicia de género. 

 El mandato de los jueces de la Corte debe ser limitado en el tiempo,  con un plazo de duración más extenso que el del gobernador, sin posibilidad de reelección, y con vencimientos escalonados para que la renovación de la Corte sea gradual para lograr un equilibrio entre estabilidad y progreso, permitiendo la adaptación jurisprudencial a la evolución de los valores sociales que el debate público y democrático va construyendo.

 Debe reconocerse que el actual contexto de vínculo íntimo entre los jueces de la Corte y el Poder Político, afecta la independencia judicial y debe ser desarticulado. Para ello el debate debe ser realista y constructivo. 

 Si no garantizamos el fin de la impunidad, la real alternancia en el poder, el final de los personalismos. Si no terminamos con un sistema judicial que frente a conflictos con desequilibrio de poder se inclina siempre por el más fuerte, estaremos condenando a que el progreso social sea imposible en Salta en los próximos 50 años.

 Una reforma constitucional es demasiado importante para limitarla a una discusión cerrada entre sesenta personas. La democracia exige que todas las voces sean oídas, les invito a involucrarse y a participar.