Los aspirantes, que superan los 10 mil candidatos, dan cuenta de una intensa participación política en el mejor de los casos; no se debe descartar, sin embargo, que también hay dirigentes que necesitan la función política para conservar su cuota de poder y mantener un nivel de ingresos que pocas fuentes laborales aseguran, especialmente a quienes no tienen mayor capacitación.
Las elecciones del 4 de julio próximo tienen la particularidad que en las generales se resolverán las primarias que se suspendieron por razones sanitarias y financieras. De allí que si bien son siete las alianzas y tres partidos en algunos departamentos los que participarán en los comicios, el número de listas supera ese número y constituye una generosa y confusa oferta para el electorado.
Otra particularidad es que, si bien está vigente al ley 7955, conocida como la del cupo femenino, seguramente se repetirá lo que viene sucediendo desde que en se sancionó en noviembre de 2016, con el propósito de respetar la igualdad real de oportunidades garantizando la participación equivalente de géneros para el acceso a cargos electivos. El género al que se refiere es el determinado por el documento de identidad independientemente del sexo biológico.
La fundamentación de esta norma se remite a que la participación política de las personas en igualdad de condiciones, es un derecho humano reconocido por un conjunto de convenios internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, además de normas constitucionales. En el decreto de promulgación se destacó que con el cupo se institucionaliza una política pública con perspectiva de género, promoviendo la paridad en el acceso a los cargos públicos, a través de un sistema de cupo que establece la integración de las listas de candidatos a cargos electivos con un porcentaje igual de géneros.
A un quinquenio de esa sanción, lejos se está de alcanzar esos objetivos de cultura paritaria y eliminación de estereotipos por razón de género. Del total de cargos electivos, su cobertura por mujeres no alcanza el 35%. Nunca hubo una gobernadora, las intendentas no llegan al 7%, hay una única mujer en el Senado y la representatividad del colectivo LGBTIQ es nula.
En 1994, la reforma de la Constitución Nacional avaló el cupo femenino reconociendo en el artículo 37 la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres. Desde la aplicación de la ley de cupo femenino, el Congreso argentino posee uno de los más altos porcentajes de representación femenina del mundo pero ello no alcanza para disimular que la política es campo de acción masculina.
Y ello se nota en las listas que el Tribunal Electoral deberá oficializar hasta mediados de esta semana. En toda la Provincia hay un comportamiento similar y lo que ocurre en Capital describe cabalmente ese panorama.
Las postulaciones se ubican entre los extremos que expresan la alianza Juntos por el Cambio +, que en este distrito no lleva mujer a la cabeza de ninguna lista y el Frente de Todos, que abre con una la nómina de cada categoría. Este ordenamiento es solo una señal porque solo la cosecha de votos dirá si ellas comenzaron a ganar sus espacios o la política sigue siendo cosa de hombres.
Salta, 17 de mayo de 2021
