El país observa con asombro una crisis política desatada, nuevamente, por conflictos en el AMBA, ese conglomerado urbano que se lleva puesto al país, que ha crecido desordenadamente por la falta de un proyecto de desarrollo equilibrado de la Argentina.
Opinión23/04/2021 Sonia Margarita Escudero
El Presidente ha tomado una decisión de emergencia para controlar la pandemia. Lo hizo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que, de acuerdo con la Constitución tiene rango de ley, hasta tanto el Congreso decida lo contrario. Lo que resulta inaceptable es que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha llamado a la desobediencia de un acto de autoridad presidencial. Que esa rebelión parta de un dirigente con proyección nacional, revela la crisis institucional de la Argentina.
Si Rodríguez Larreta consideraba que el Presidente invadió facultades propias de la Ciudad, está bien plantearlo ante la Corte Suprema para que resuelva una materia de interpretación constitucional, pero mientras tanto, la obligación es acatar el decreto presidencial. Un dirigente que convoca a rebelarse contra la autoridad presidencial es irresponsable y peligroso. La pérdida de autoridad abre la puerta a la anarquía. Los recuerdos del final del ex presidente de la Rúa están muy frescos.
Mientras esa pelea chica concentra la atención del país, la pandemia avanza, con un virus que muta, con gran incertidumbre sobre si las vacunas que se inoculan serán suficientes frente a las nuevas cepas, en un contexto de dificultades para acceder a las vacunas en cantidad suficiente para alcanzar la inmunidad colectiva,
¿Por qué Argentina no accede a más vacunas? Es lo que la política debiera estar mirando de cerca y trabajando en conjunto para encontrar soluciones creativas. La realidad es que el avance de la ciencia ha sido notable y que la urgencia por la situación sanitaria, obligó a acelerar procesos que normalmente son más extensos. Esta reducción de los plazos regulatorios de las vacunas y su distribución con autorizaciones de emergencia, tiene como consecuencia que los seguros de responsabilidad civil normales no estén disponibles para los fabricantes.
Ello en tanto distribuir miles de millones de dosis por todo el mundo significa que es muy posible que algunas personas vacunadas experimenten efectos adversos, a pesar que las vacunas cumplieron los requisitos de seguridad y eficacia necesarios, para que las autoridades científicas regulatorias de cada país, autorizaran el uso de emergencia.
En este contexto, los laboratorios productores de las vacunas abogan por un sistema de compensación sin culpa para los perjudicados, y una exención de responsabilidad civil para los fabricantes. Este blindaje legal existe en la legislación de Estados Unidos para casos de pandemia. Esa legislación establece que las farmacéuticas están exentas de responsabilidad civil, en caso de que haya problemas de seguridad, con un producto usado dentro de una autorización de uso de emergencia.
Para responder a esta cuestión, la OMS ha creado un Fondo de Compensación, financiado con un impuesto de 10 centavos de dólar por cada vacuna suministrada a través de COVAX, para afrontar eventuales demandas por daños colaterales. Se trata de un sistema muy pragmático dentro de la donde hay una desesperada demanda de nuevas vacunas. Este fondo está destinado a un centenar de países con menores recursos que reciban vacunas a través de COVAX, y después afronten eventuales demandas judiciales por efectos nocivos.
Por su parte, la Comisión Europea también ha realizado acuerdos en este sentido. Ha eximido a los fabricantes de vacunas Covid19 de las indemnizaciones por los posibles efectos negativos, asumiendo dicha responsabilidad por las razones de premura y la necesidad de disponer, cuanto antes, de las vacunas para la población europea. Ha realizado una compra anticipada de vacunas con los laboratorios: Pfizer/BioNtech; Moderna; Astra Zeneca; Janssen; Cure Vac y Sanofi. Las únicas excepciones a esta liberación de responsabilidad a los fabricantes, son los supuestos de mala conducta intencionada o incumplimiento de las normas de correcta fabricación del producto[1].
El Congreso Nacional aprobó en noviembre de 2020 la ley 27573 para liberar de responsabilidad a los fabricantes de las vacunas para covid19. Las únicas excepciones a la indemnidad patrimonial de los laboratorios son el caso de “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
Como se advierte, no existen diferencias notables con la normativa europea. La “negligencia” de la ley argentina es equivalente al “incumplimiento de las normas de correcta fabricación del producto”, que consigna la legislación europea. Por lo tanto no se comprende las razones por las cuales se alega que la ley argentina no es satisfactoria para los laboratorios. La falta de información sobre estos temas se esconde atrás de los supuestos acuerdos de confidencialidad firmados con las empresas. En este punto esperábamos una mejor información por parte del Presidente, especialmente a su regreso de México, donde se reunió con el empresario Slim titular de la empresa a cargo del envasado y remisión de las dosis de las vacunas de Astra Zeneca, producidas en Argentina.
Hasta hoy, el acceso a vacunas en nuestro país proviene de las de fabricación China y Rusa y del mecanismo COVAX de la OMS. La muy buena noticia es que se comenzará a producir en Argentina la vacuna Sputnik.
El contexto señalado muestra un contraste lamentable: mientras domésticamente asistimos a una pelea chica, el mundo de las negociaciones para el acceso a las vacunas requiere de una fortaleza que se consigue con mayores ventajas en un contexto de acuerdos regionales. Cuántos mejores resultados obtendríamos a través de negociaciones en el ámbito de Mercosur, Unasur, Celac, las instituciones creadas justamente para poder negociar con mayor peso específico frente a otros bloques poderosos. Lo que la pandemia y la inequidad en la distribución de vacunas desnuda es la situación de desigualdad y la orfandad de instituciones internacionales con poder regulatorio. El acceso a las vacunas y a los medicamentos salvavidas, es un derecho humano fundamental.
Como bien afirma Harari, peor que este virus pueden ser el odio, la avaricia y la ignorancia. Frente a la pandemia, la ciudadanía espera ver una dirigencia política elevando su mirada y tomando decisiones con más compasión, más colaboración y más solidaridad.
[1] Paralelamente, la Comisión Europea ha firmado respectivos convenios con los Estados miembros por los que cada país se hace cargo de las posibles indemnizaciones a quienes sufran efectos secundarios por la aplicación de las vacunas.
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