Esa tarea es importante aunque no suele ser comprendida de esa manera, especialmente cuando no hay un contexto estimulante. Demasiadas cuestiones ocupan la atención ciudadana y los comicios, por ahora, siguen siendo una responsabilidad de la dirigencia política. Y ese es un dato muy preocupante por la importancia de elecciones que no solo comprenden una renovación legislativa sino también una reforma constitucional.
Aunque el mentor de esta última insista que es una demanda social, no lo es respecto de su propósito de lograr ajustar mandatos de cargos electivos para acompañar la decisión de imponer la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia. Para el hombre común, la reforma pretendida debiera apuntar a mejorar el funcionamiento del sistema democrático, a fin que permita que haya salud, educación y desarrollo social, tal como lo expresara en su concepción de la democracia el ex presidente Raúl Alfonsín cuando aseguraba que con la democracia se come, se cura y se educa. Pero no se trata de eso.
Pandemia mediante, el 4 de julio próximo los salteños elegirán 30 diputados, doce senadores, más de 300 concejales y 60 convencionales constituyentes. No se trata solamente de cumplir la manda constitucional de renovar la integración de cuerpos legislativos; exige una evaluación de la gestión de gobierno y la consagración de quienes tendrán la tarea de modificar el texto constitucional en función de lo dispuesto por ley. Como trasfondo quedará una acción popular de inconstitucionalidad, planteada a fin de impulsar el cuestionamiento de la ley que declara la necesidad de la reforma, a la que se considera contraria a la Constitución que pretende modificar.
Esta convocatoria a comicios generales está provocando una fuerte movilización de grupos políticos que, en unos días más, deben tener cerradas las alianzas con las que entrarán en el ruedo electoral y, en un mes, formalizar la presentación de las listas de candidatos. Como el que más juega es el oficialismo, sus principales referentes llevan adelante las negociaciones para concluir un capítulo que lo debe dejar encaminado a mejorar su dominio político en los estamentos que deben renovarse.
La exigüidad de los plazos y la intensa tarea a su cargo para encaminar una difícil gestión de gobierno en medio de una crisis que es económica, social y sanitaria preocupa a distintos sectores de la sociedad. El principal debate no tiene habilitados los espacios de realización para discutir, de cara al electorado, el peso y alcance de la reforma de la Carta Magna.
De allí la preocupación expresada por referentes del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, que observan un achicamiento en la participación ciudadana. Ni su opinión altamente calificada ha sido convocada y apenas se han confirmado encuentros entre los promotores de la reforma y representantes de los jueces, que serán beneficiarios de un cambio que excluye al conjunto de la sociedad. Por eso también la iniciativa del Instituto de la Universidad Católica, que hará -con amplia participación de expertos- un análisis global del proyecto, para presentarlo al Gobernador.
Entonces, el manto de la pandemia no podrá tapar la torpeza de repetir el avasallamiento del reglamento de convivencia cívica más importante, para ponerlo al servicio de intereses sectoriales.
Salta, 13 de abril de 2021
