He escuchado y también leído que algunos voceros políticos y sectores interesados, pusieron el grito en el cielo porque la ANSeS, (Administración Nacional de la Seguridad Social) dijo que iba a solicitar a los señores jueces y juezas e integrantes del Ministerio Público que completen el trámite de la jubilación por ellos y ellas solicitadas y ya acordadas mediante la pertinente renuncia a sus respectivos cargos.
Opinión10/03/2021 Guillermo Martinelli
Este conjunto de magistrados y funcionarios tienen por ley un régimen especial para recibir una jubilación del 82% móvil. Vale la pena recordar que en esta actual gestión gubernativa nacional se ha modificado la ley estableciendo mas edad para los hombres y mayor aporte, que el común de los aportantes al sistema de jubilaciones y pensiones.Asi también que desde hace bastantes años los nuevos jueces y funcionarios que se incorporan al Poder Judicial y Ministerio Público pagan el Impuesto a las Ganancias al igual que otros empleados del país.
En la provincia de Salta, no hay pocos, sino bastantes Jueces y miembros del Ministerio Público que tiene no solo las condiciones para jubilarse, sino inclusive la jubilación acordada por la ANSeS, porque así fue solicitada por los respectivos titulares del beneficio, sin embargo no han presentado la renuncia al cargo y siguen ejerciendo la magistratura como si nada.
Acá no se trata de ponderar las actuaciones en sus cargos. Si digo que ellos por imperio de los artículos 156 tercer párrafo y art.165 de la Constitución de Salta, han cesado en sus cargos, ya que la carta magna provincial claramente reza: "La inamovilidad cesa en el momento que el magistrado pueda obtener la jubilación", no hubo ,sin embargo, en ningún caso en que el Poder Ejecutivo le haya dado un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.
Esta claro, entonces, que la intimación de la ANSeS no solo es pertinente, sino totalmente ajustada a la manda constitucional, no asi el comportamiento del Poder Ejecutivo que tolera al igual que la Corte de Justicia jueces y funcionarios de hecho y no de derecho.
Cabe preguntarse por qué se tolera semejante violación a la Constitución y se pone al justiciable en una situación de no tener respuesta judicial y jurídica válida en su presentación.
La respuesta la tienen los poderes públicos.
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó las acusaciones del médico Edmundo Falú y sostuvo que existen pruebas que demuestran su participación profesional en la clínica.
El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, afirmó que desde el propio Gobierno interpretaron la suspensión de prestaciones al IPS como un movimiento político. Negó vínculos partidarios y aclaró su relación con el senador.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.