También comenzarán sendas reuniones con sindicalistas y empresarios para trabajar en un acuerdo de precios y salarios para el país. Y mañana, el Norte Grande tendrá respuesta a una de sus demandas urgentes, la prórroga de la ley de biocombustibles. No es que la situación marche sobre carriles aceitados.

Cada uno de estos hechos es empujado por urgencias que no dejan margen de error.

La tarea más compleja está en manos del Ejecutivo Nacional. Alcanzar un acuerdo de precios y salarios no es el gran proyecto para colocar a la Argentina hacia un camino en el que se superen los problemas estructurales que vienen arrastrándose desde hace más de medio siglo. Es poner en marcha una práctica que los gobiernos peronistas suele repetir cíclicamente, con los mismos resultados. Se congelan precios y se generan desabastecimientos, mientras los sueldos permanecen anclados en el afán por dominar la inflación.

Las crónicas periodísticas de estos días hacen referencia a las experiencias anteriores al solo fin de anticipar un eventual fracaso. Ello permite determinar que aunque los propósitos sean similares, los contextos son diferentes.

En el turno de Alberto Fernández, el último fin de semana dejó una advertencia del Presidente a los productores de alimentos. En declaraciones formuladas a un diario oficialista anunció que se apresta a subir las retenciones o poner cupos si los exportadores trasladan a sus productos los precios internacionales. A las puertas de un conflicto sectorial, se apuró a aclarar que su administración no está contra el campo, sino a favor de la mesa de los argentinos.

Esa retórica no explica las premisas que los negociadores del gobierno van a llevar al debate con las partes. La idea es que se logre la recuperación del salario para fortalecer el consumo, objetivo que solo podría imponerse si se alcanza algo sustancial: el control de la inflación. Un orden de trabajo demanda como punto de partida el ordenamiento de la macroeconomía.

El diseño de las políticas públicas es tarea del Ministro de Economía y su cumplimiento demanda el acuerdo entre empresarios y trabajadores para colocar a los salarios por encima de los índices inflacionarios. El miércoles próximo habrá diálogo con los referentes de la Confederación General del Trabajo y de la Central de los Trabajadores Argentinos y posteriormente, con los conductores de entidades empresarias.

Febrero debe cerrar con el anuncio de un principio de acuerdo, que puede significar un techo en las paritarias y la imposición de precios controlados, en el mejor de los casos.

En la Provincia, en tanto, se ha iniciado un ajuste tarifario que ya se resolvió en torno de los servicios de transporte interurbano y energía eléctrica, con aumentos de dos dígitos. La próxima semana continuará con la definición de un incremento muy sensible, el del boleto del transporte urbano, que podría llegar al 40% y el proceso de revisión de precios cerrará con el del agua y servicios sanitarios.

En ese marco, reformar la Constitución seguramente no será prioridad para los salteños; ni siquiera elegir oposición. Pero será una oportunidad de participación posible.