La audiencia pública virtual para analizar el ajuste tarifario de la energía eléctrica en Salta avanzó en medio de las tinieblas de la política en materia de servicios públicos. Luego que un Decreto de Necesidad y Urgencia de Presidencia de la Nación habilitara la renegociación del precio de la luz y el gas, las provincias encontraron expedito el camino para aplicar la revisión del tramo de distribución de la electricidad, que Mendoza ya inauguró con su propia consulta.
Opinión08/01/2021
Cabe recordar que el costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario en la Argentina se conforma por cuatro componentes: la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista; el transporte, que es el que tiene el menor peso en la integración de ese valor, según un informe de Fundelec, la Fundación para el Desarrollo Eléctrico; la distribución y los impuestos. El análisis realizado este viernes por convocatoria del Ente Regulador de los Servicios Públicos se refirió solo a uno de esos componentes: el VAD o Valor Agregado de Distribución.
El pedido de revisión tarifaria ha sido presentado por las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y sistemas dispersos, que requirieron un ajuste por encima de los 30 puntos. Más de 50 personas expresaron su voluntad de activa participación en este procedimiento que, pese a los cuestionamientos que suele merecer por su carácter no vinculante, sigue siendo el único mecanismo a través del cual los usuarios pueden intervenir en una decisión que va a afectar sus intereses.
Este análisis empieza a hacer girar una rueda que estuvo frenada por la emergencia sanitaria que alteró el curso normal de situaciones cotidianas como es el tratamiento de aumentos tarifarios como consecuencia de una economía inflacionaria. Ello ha complicado aún más un panorama que no suele estar claro y sobre el que no ha podido operar el gobierno que asumió en diciembre de 2019. Las tarifas públicas venían siendo subsidiadas desde 2002 y el cambio político de 2015 encontró a las tarifas desalineadas de niveles compatibles con un mínimo de rentabilidad de los servicios públicos que garantice un piso de inversión en mantenimiento de su infraestructura básica.
En los pasados cuatro años se actuó especialmente en la reducción de la carga de subsidios pero de manera muy desordenada y con la obligación, por la crisis económica que no se resolvió en la gestión de Cambiemos, de sostener tarifas sociales para la creciente franja de usuarios en situación de vulnerabilidad. La emergencia actual ha llevado a mantener restricciones en la materia y es así que en términos del Producto Bruto Interno (PBI), el presupuesto 2021 dispone invertir un poco más del 2%, especialmente en subsidios a la energía, lo que representa una cifra superior a los 620 mil millones de pesos.
La decisión que se adopte luego de recogida la opinión en el marco de la audiencia pública de este viernes no se alterará en lo inmediato por ajustes en los otros componentes del costo del servicio. En principio se aplicará a partir de abril un régimen de transición y de coyuntura en beneficio de los usuarios como de las licenciatarias y concesionarias, a fin de sostener una prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento, según indica el DNU de diciembre.
Un dato significativo es que año electoral pesa tanto o más que la necesidad de financiar adecuadamente servicios esenciales y la de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Salta, 08 de enero de 2021
Como suele suceder cada mes, el consumidor accede a un dato que explica su capacidad de compras y contribuye a la toma de decisiones sobre la optimización de sus ingresos. Es la inflación del mes anterior, que le indica la progresiva pérdida del valor de su salario.
Mientras en los pasillos del poder se celebran aperturas comerciales como sinónimo de “modernización”, en las fábricas argentinas se empieza a escuchar un murmullo cada vez más inquietante: la inminente llegada masiva de autos chinos podría arrasar con buena parte de la industria automotriz nacional. Lo que se vende como oportunidad para los consumidores, puede transformarse rápidamente en un golpe certero a la producción, al empleo y a las cadenas de valor que sostienen a miles de familias.
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
Según la dirección de la obra social de los jubilados, encontraron hasta insumos médicos vencidos. Habrá un “operativo de contingencia” hasta conseguir un nuevo sanatorio que atienda a 17.000 jubilados.
El ex fiscal de Corte señaló que, más allá de que el veto sea una facultad presidencial, de no sostenerlo en las Cámaras, Milei judicializaría el asunto, acción que calificó como “delirante” por embestir contra el Poder Legislativo.
El operativo se realizará este martes 15, de 9:30 a 12:30 horas. Se cortará la Pellegrini y 25 de Mayo desde Alvarado hasta España. Se solicita a los conductores tomar vías alternativas.
Ya hay entre 70.000 y 140.000 deportaciones en solo seis meses, pero el plan va más allá: busca quitar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes y revocar la residencia a quienes tengan Green Card si cometieron delitos.
Hace un año, el merengue ya había tocado la puerta de la joya, pero Mastan dijo que no y puso la firma con el Millonario. Hoy, 45 millones de dólares y vestir de blanco, cambiaron la postura de ambos lados.