Cabe recordar que el costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario en la Argentina se conforma por cuatro componentes: la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista; el transporte, que es el que tiene el menor peso en la integración de ese valor, según un informe de Fundelec, la Fundación para el Desarrollo Eléctrico; la distribución y los impuestos. El análisis realizado este viernes por convocatoria del Ente Regulador de los Servicios Públicos se refirió solo a uno de esos componentes: el VAD o Valor Agregado de Distribución.

El pedido de revisión tarifaria ha sido presentado por las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y sistemas dispersos, que requirieron un ajuste por encima de los 30 puntos. Más de 50 personas expresaron su voluntad de activa participación en este procedimiento que, pese a los cuestionamientos que suele merecer por su carácter no vinculante, sigue siendo el único mecanismo a través del cual los usuarios pueden intervenir en una decisión que va a afectar sus intereses.

Este análisis empieza a hacer girar una rueda que estuvo frenada por la emergencia sanitaria que alteró el curso normal de situaciones cotidianas como es el tratamiento de aumentos tarifarios como consecuencia de una economía inflacionaria. Ello ha complicado aún más un panorama que no suele estar claro y sobre el que no ha podido operar el gobierno que asumió en diciembre de 2019. Las tarifas públicas venían siendo subsidiadas desde 2002 y el cambio político de 2015 encontró a las tarifas desalineadas de niveles compatibles con un mínimo de rentabilidad de los servicios públicos que garantice un piso de inversión en mantenimiento de su infraestructura básica.

En los pasados cuatro años se actuó especialmente en la reducción de la carga de subsidios pero de manera muy desordenada y con la obligación, por la crisis económica que no se resolvió en la gestión de Cambiemos, de sostener tarifas sociales para la creciente franja de usuarios en situación de vulnerabilidad. La emergencia actual ha llevado a mantener restricciones en la materia y es así que en términos del Producto Bruto Interno (PBI), el presupuesto 2021 dispone invertir un poco más del 2%, especialmente en subsidios a la energía, lo que representa una cifra superior a los 620 mil millones de pesos.

La decisión que se adopte luego de recogida la opinión en el marco de la audiencia pública de este viernes no se alterará en lo inmediato por ajustes en los otros componentes del costo del servicio. En principio se aplicará a partir de abril un régimen de transición y de coyuntura en beneficio de los usuarios como de las licenciatarias y concesionarias, a fin de sostener una prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento, según indica el DNU de diciembre.

Un dato significativo es que año electoral pesa tanto o más que la necesidad de financiar adecuadamente servicios esenciales y la de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Salta, 08 de enero de 2021