Hoy abordaré la cuestión de la violencia institucional contra las mujeres en Salta. Esta semana se conmemoró el día internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres, instituido en homenaje a las hermanas Mirabal de la República Dominicana, activistas contra la dictadura, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por la policía secreta de Trujillo.
Opinión27/11/2020 Sonia Margarita Escudero
Proliferaron actos tanto en las calles como en las redes sociales. Sin embargo, se habló mayormente de violencia física y de femicidios que es el acto de violencia más extremo. Pero hay otras violencias que permanecen silenciadas, las violencias que se ejercen desde las propias instituciones del Estado.
La campaña NI UNA MENOS en 2009, definió la violencia institucional como aquella realizada por funcionarios, profesionales, personal o agentes pertenecientes a cualquier ente público que tenga por finalidad retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en las leyes.
En mi libro “Víctimas de la Justicia Patriarcal” he detectado violencia institucional en Salta, que causa daños y sufrimiento a las mujeres. En primer lugar la falta de acceso a Educación Sexual Integral, se traduce en altísimos índices de embarazo adolescente. El incumplimiento estatal permite la persistencia de prácticas sociales discriminatorias, que facilitan embarazos a edad temprana en el marco de relaciones desiguales de poder, esto es, sin consentimiento o forzadas. Los efectos asociados a la maternidad adolescente son conocidos: abandono escolar, compleja inserción laboral posterior, consecuencias sobre la salud de la madre y el hijo, en tanto las niñas menores de 15 años no han completado la madurez psico-social y sexual necesaria para un embarazo y parto saludables.
En segundo lugar, constituye violencia institucional los obstáculos que en el sector público se observan para el acceso al aborto no punible. Salta no ha adherido al protocolo nacional que establece las condiciones de acceso a este derecho.
Nuestro Código Penal autoriza desde 1921 el aborto no punible en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación y en caso de atentado al pudor de mujer idiota o demente. Sin embargo, las barreras al acceso a este derecho siguen presentes y configuran violencia institucional, ya que desde el sistema de salud y desde la justicia se empuja a las mujeres a la clandestinidad y a métodos de interrupción voluntaria del embarazo inseguros y riesgosos.
Esta violencia institucional constituye violación de la obligación del Estado provincial de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. El aborto es la mayor causa de muertes maternas, y el perfil de las madres que mueren por causas evitables también se conoce: muy jóvenes, con escasa instrucción, sin recursos económicos ni vinculación con el sistema de salud que les facilite el acceso a la intervención médica oportuna. En Salta, sólo en 2019 se registraron 12 muertes maternas, posiblemente muertes evitables.
La falta de adhesión al protocolo nacional por parte del Ejecutivo salteño es causa directa de muertes maternas. Violencia institucional femicida.
La violencia sexual contra las mujeres anula el derecho a tomar libremente las decisiones respecto de con quién tener relaciones sexuales, y conlleva además, la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e íntimas. Este derecho básico es negado a las mujeres por el modelo de sociedad patriarcal que presume que el hombre tiene derecho de poder, control, dominio y posesión sobre la mujer.
Las mentalidades patriarcales atraviesan la mayor parte de las instituciones económicas, sociales y políticas, produciéndose el fenómeno de captura patriarcal de los papeles de autoridad y recursos significativos de las instituciones que expiden las reglas y deciden sobre los derechos. Por ejemplo, la decisión del Senado Provincial de auto-excluirse de la ley de paridad de género, es una muestra de violencia institucional en el Poder Legislativo. El Senado es la institución representativa de la ideología patriarcal que ejerce violencia política contra las mujeres, negándoles el derecho de acceso a las bancas en condiciones de paridad.
También observamos violencia institucional contra las mujeres en el Poder Judicial: cuando se permite o se tolera que ciertos hechos no sean investigados, cuando se permite la impunidad de los delitos de violencia de género, cuando se renuncia a proteger la seguridad de las mujeres, cuando se las culpabiliza, cuando se las re-victimiza, se está enviando un mensaje peligroso a la sociedad de tolerancia de la violencia contra la mujer en el ámbito judicial.
He señalado cuatro casos de violencia institucional desde los tres poderes del Estado Provincial, que causan daños a las mujeres en Salta. La ciudadanía aguarda menos discursos, menos actos y más acciones concretas para alcanzar una sociedad igualitaria, inclusiva y sostenible. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida.
Hasta la próxima
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