Menciones

Opinion 18 de noviembre de 2020
El avance del tiempo hacia un nuevo proceso electoral, en medio de una crisis que se profundiza, está motorizando en la Provincia una reforma electoral que según qué sector la proponga es más o menos amplia.
elecciones-2019

Es sabido, sin embargo, que siempre tiene la dimensión de los intereses de cuál de esos sectores pueda imponerla; generalmente es el que está en el poder, en tanto sostenga la mayoría. Y ese es el objetivo que trata de alcanzar en una elección de medio tiempo.

La importancia de los próximos comicios compite con la necesidad de resolver urgencias en la administración provincial. En medio de una emergencia sanitaria sin antecedentes en más de un siglo y en el marco de una situación financiera que coloca al Ejecutivo en un extremo de vulnerabilidad configurada por un alto nivel de endeudamiento, la dirigencia política ha comenzado a dar señales de que puede resolver los problemas.

Una de las demandas sociales roza la ética de los servidores públicos, desde la más elemental respecto del incumplimiento de las promesas electorales a las más complejas, que deben ser resueltas en el ámbito judicial atento a que constituyen delitos. En tiempos pre electorales, la corrupción aparece entre las preocupaciones sociales y de allí que se impulse en provincias y a nivel nacional la iniciativa de la ficha limpia, para restringir el acceso a candidaturas a ciudadanos con problemas judiciales. 

También se está echando mano a otros recursos, como la reglamentación de la transición de los gobiernos. El propósito es morigerar las posibilidades de incurrir durante cada gestión en malas prácticas, que impactan en la sucesión. Al menos así se ha planteado en una iniciativa que junto a la de la ficha limpia ocupó buena parte del debate de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados. 

Se van sumando las voces que advierten que los problemas de administración del Estado no tienen que ver con la eficiencia de los gobernantes sino con la ética de los grupos que acceden al poder. Las exposiciones de los legisladores se acercaron a alguna forma de planteo de esta cuestión de fondo sin que llegue a corporizarse como el entorno que incluso contiene a quienes ocupan bancas. Nadie asumió que, como dicen los especialistas, el reto de la época no es tecnológico sino ético; esto es, gobernar con valores como está establecido desde la formación de las sociedades organizadas.

Es así que los diputados se cuidaron de imponer un modelo de ficha limpia que no corra el riesgo de ser tachado de inconstitucional por afectar el ejercicio de derechos esenciales, reconocidos en tratados institucionales. De allí que el esfuerzo por imponer filtros al libre acceso a candidaturas tiene como tope en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, la existencia de sentencias judiciales en segunda instancia, como la que permite que un expresidente condenado como Carlos Menem ocupe una banca en el Senado de la Nación y no una celda en una cárcel común.

Además de la ética, la transparencia de los actos de gobierno es otra de las cuestiones que la Legislatura Provincial está tratando de asegurar, exigiendo lo que debiera ser obvio como acto de gobierno. Se trata de la obligación de efectuar la entrega de toda la información veraz y actualizada de un gobierno a los organismos de control y a la nueva administración.

Como sea, no se pudo evitar la mención de la Justicia como parte de las desviaciones que se pretenden corregir. Más aún, fue señalada como la constructora de la impunidad que buscan quienes llegan a obtener pingües beneficios personales con la función pública. Pero fueron solo menciones. 

Salta, 18 de noviembre de 2020

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