La Legislatura Provincial avanza en la reforma electoral y en ese proceso deberá considerar el interés del Poder Ejecutivo Provincial respecto de la necesidad de optimizar la utilización de recursos públicos que, ante la crisis económica y social, a todas luces son escasos. Esa intención encierra la decisión de no utilizar el llamado voto electrónico, que en el último proceso electoral, ha significado una cifra aproximada a los 400 millones de pesos.
Opinión17/11/2020
La novedad es una de las alternativas que se incluían en el debate que ha generado la necesidad de la reforma. En realidad, la primera decisión fue adoptada por la Cámara de Diputados a poco de transcurrir la elección general del 10 de noviembre de 2019, cuando dio media sanción a un proyecto de ley eliminando las elecciones primarias y dejando de lado la boleta única electrónica. En medio de las dificultades financieras profundizadas por la pandemia del coronavirus, la cuestión se reactualizó y abrió un proceso de consultas con los partidos políticos, encarado por el Senado, puesto ante la necesidad de analizar la sanción definitiva de la iniciativa de la Cámara baja.
Al margen de otros aspectos de la reforma, una de las cuales se tratará en la sesión de Diputados de esta tarde referida a la ficha limpia, la cuestión del método para votar adquirió una centralidad marcada por los intereses en juego. En la ronda de consultas se conoció la opinión del arco político local y fueron pocos los partidos que no emitieron un pronunciamiento categórico. De todas maneras, una decisión previa no tendrá que ver con el análisis que la boleta electrónica generó en Salta desde 2009, cuando de manos del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey se comenzó a utilizar de manera progresiva.
En estos tiempos, el argumento de fondo para determinar su utilización en los comicios provinciales de 2021 tiene que ver con el costo del sistema. De todas maneras, deben considerarse cuestiones que no le quiten valor a la alternativa por la que se opte.
Una línea de reflexión que no debe abandonarse está contenida en la Acordada Extraordinaria Número 100, del 20 de agosto de 2.015, de la Cámara Electoral Nacional, cuyos considerandos transitan por el valor del voto, que forma parte del patrimonio sustancial de un ciudadano. Este tribunal destacó pronunciamientos vinculados a la cuestión, que reconocen que “el ejercicio del voto da sentido al principio según el cual el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes, imputación que a la justicia electoral le corresponde tutelar en favor del ciudadano, tal como desde antiguo se explicó, al señalarse que es de sustancial importancia mantener la pureza del sufragio […] y reprimir todo lo que de cualquier manera, pueda contribuir a alterarla” . En ese orden indicó que “el derecho a votar libremente por un candidato es la esencia de una sociedad democrática y toda restricción irrazonable de ese derecho golpea al corazón del gobierno representativo”.
Con esa concepción es que la Cámara Electoral Nacional viene sosteniendo una campaña de preservación de la intangibilidad de ese pronunciamiento ciudadano, demandando desde 2007 que los poderes políticos definen los procedimientos más adecuados para que se emitan los sufragios. En el pleno reconocimiento que la decisión transita por el Congreso, advierte que “las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia, ni una dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales pues, en términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar”.
En el ahora, la decisión va a estar condicionada por razones financieras pero dejará el antecedente para que el ciudadano salteño, entrenado más allá de su voluntad a utilizar una máquina, compare y decida.
Salta, 17 de noviembre de 2020
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
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