La ausencia de planes para transitar la emergencia sanitaria a más de 200 días de su declaración ha sido destacada esta semana por un grupo de padres, por docentes y en un debate que se suscitó en el Concejo Deliberante.
Del gobierno educativo no hay precisiones más allá de la cerrada negativa al retorno a las clases presenciales. El ministro Matías Cánepa se va quedando solo en la decisión de no abrir las escuelas de ninguna manera hasta tanto no haya una vacuna contra el coronavirus. Otros distritos, con protocolos especiales y medidas probadas en su eficacia en otros lugares del mundo, han dispuesto medidas que facilitan la terminalidad de ciclos asegurando el contacto de alumnos y docentes, en un esfuerzo por morigerar el impacto de la pandemia en una población que no figura en los grupos de riesgo pero que es tratada como una amenaza.
Desde el interior del ámbito donde se toman decisiones, quienes van a buscar precisiones han recibido respuestas negativas en todo orden. Según Victoria Cervera, titular de Sitepsa –uno de los gremios docentes- se les ha indicado en las mesas de trabajo que no hay recursos para adecuar los establecimientos educativos, muchos de los cuales no cuentan con el servicio de agua y sus baños no aseguran condiciones mínimas de higiene. Tampoco hay disponibilidad para proveer los elementos que las autoridades sanitarias marcan como imprescindibles para controlar la propagación del virus. Además, un brote a partir de la movilidad que genera la vuelta a clases no podría ser contenido por la limitación del sistema de salud.
Si algo se hizo es muy poco, aseguró la referente gremial al informar que es mezquina la estimación del Ministerio de Educación que informó que uno de cada dos alumnos de quinto año no ha estado conectado. Ello así porque ni docentes ni alumnos cuentan con las herramientas necesarias.
Este reconocimiento justifica el pedido de padres de alumnos de escuelas públicas y privadas de medidas pertinentes para garantizar la reapertura de las escuelas en el 2021. A partir de una nota de 13 carillas, elevada directamente al gobernador Gustavo Sáenz solicitando que se garantice el derecho a enseñar y aprender, se espera que se expongan cuáles son los planes para encarar dentro de cuatro meses el inicio de un nuevo período lectivo ya que durante los pasados ocho no hubo plan cuyos resultados sean medidos en resultados.
El planteo de los padres, uno de los tres ejes vertebrales de la comunidad educativa, se asienta sobre deberes y derechos constitucionales que no están siendo atendidos e incluye consideraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría que alertó sobre problemas emocionales y socioafectivos derivados del cierre de las escuelas, que otras sociedades han evitado mediante protocolos biosanitarios para preservar la salud de la comunidad estudiantil y de los docentes.
La situación es de interés social superior y ha comenzado a comprometer a distintos sectores para exigir que la Provincia tome sus propias decisiones, según las particularidades de cada región de su territorio. También se reclama la concurrencia de todas las áreas del Ejecutivo que se vinculan con la problemática, que no solo es educativa sino también sanitaria, de infraestructura y de logística.
No se está urgiendo sino pidiendo que se abandone la pasividad frente a una cuestión fundamental, con eficiencia y participación.
Salta, 29 de octubre de 2020
