“Lo que cometió el doctor de la Arena ya era delito antes de que tratemos esta ley. La ley de sangre es muy clara al respecto”, indicó el legislador de la Izquierda y agregó que un problema de fondo son las relaciones entre el Estado y la parte privada de la Salud en medio de una pandemia.

Recordó que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes aún no respondido en el que se solicita detalles de todos los convenios celebrados entre el ministerio de Salud de la Provincia y las firmas de medicina privada. Dijo que es necesario conocer lo planteado por el ministro de Salud de la Nación acerca de que en Salta, clínicas privadas se equiparon con respiradores provistos por el Estado y bajo qué condiciones fueron cedidos los mismos.

Además, indicó que también debe informarse sobre el convenio de alquiler por parte de la provincia, de pisos de clínicas privadas.

“Tenemos que saber todo lo que pasa entre la medicina privada y el estado porque estamos en pandemia y mucho más porque a lo largo de los años han habido relaciones carnales. La medicina privada ha crecido a tal punto que al inicio de la pandemia en Salta habían 120 camas UTI en la parte privada y 90 en la pública”, señaló el legislador.