La Defensoría del Público presentó el viernes último Nodio- Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Su objetivo es garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias a través de Internet.
Opinión 12/10/2020
Este tipo de iniciativa parte de la convicción que, sostuvo Miriam Lewin, titular de la Defensoría, insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Queda en riesgo la propia convivencia democrática cuando se construye con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia, dicen los fundamentos de Nodio. En ese marco y a juicio de quienes promueven esta iniciativa, resulta necesario un espacio público y plural desde el cual estudiar e investigar estos fenómenos, promover la discusión pública sobre los mismos y servir de sustento para nuevas políticas públicas que protejan el derecho a la comunicación de las audiencias.
Se reconoce que Internet facilita el acceso a la información de manera habitual y aumenta el volumen de la misma, lo que llevó a que se mejoren ciertos procesos democráticos para que sean más participativos e inclusivos. Pero se constató que ha contribuido a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, lo que representa un problema cada vez mayor para el normal desarrollo de la vida democrática en su conjunto. Existe un riesgo cierto a crear un entorno de intolerancia, profundamente corrosivo del debate público.
En el afán de lograr, desde el gobierno y no desde la sociedad, un periodismo de alta calidad, el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet, entre otras iniciativas, es que se formula este tipo de iniciativa. Frente a ella, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación. Considera que la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover.
ADEPA representa a un sector en pugna con ciertas consideraciones respecto del manejo de información y su intervención es legítima más no desprendida de intereses que son de carácter económico especialmente pero también políticos. Por ello es que observa que las iniciativas que provienen de organismos públicos, pueden convertirse en mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta y pueden facilitar persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.
En vísperas de la apertura de un año electoral, muchas propuestas pueden caer en el campo de la puja por el poder que se resuelve en las urnas y una buena intención termina llevando agua para el molino de los contendientes. La asociación que nuclea a empresas periodísticas advirtió que la libertad de prensa requiere un sólido andamiaje institucional y económico, un déficit de la democracia argentina cada vez más evidente. La oposición entró en estado de alerta y criticó la iniciativa por considerar que es el primer paso hacia el Ministerio de la Verdad; esto es, un cepo para controlar a la prensa.
Corresponde a la sociedad defender su derecho a estar informada. Y en esa línea no debe tolerar tutores sino exigir el libre acceso a la información pública para definir por sí qué es falso y malicioso.
Salta, 12 de octubre de 2020
Una recargada agenda ocupa a los gobernadores en este tiempo. Especialmente buscan formas de financiar su gestión pero también construir una relación conveniente con el gobierno nacional. Estos objetivos los obligan a encarar gestiones individualmente, a participar de gestiones con distintos grupos de sus pares o responder a convocatorias desde la Presidencia.
Haciéndome eco de los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional, organismo en el que participan todas las universidades públicas nacionales, quiero compartir algunas reflexiones acerca de la delicada situación que se vive en las altas casas de estudios a raíz de las decisiones políticas del actual gobierno nacional.
Los últimos acontecimientos en la ciudad de Rosario pusieron al tope de la agenda pública el crecimiento del narcotráfico. Pese a que no es una situación novedosa ni limitada a esa ubicación geográfica, concentró la atención ciudadana y permitió que también se habilitara el análisis de la situación en una provincia fronteriza como la de Salta.
Se está complicando la situación financiera provincial. Hay señales que indican la urgencia de encarar soluciones porque el impacto se expresa en áreas sensibles como Salud, Educación y Seguridad.
El ajuste de tarifas de servicios esenciales se ha constituido en una de las preocupaciones más importantes de gobierno y empresas.
Una ardua tarea espera a los gobernantes de toda la provincia. El cuadro trazado por el Gobernador en su mensaje a la Asamblea Legislativa anticipa un año de gestión que apunta a superar escollos tan solo para mantener el nivel de crecimiento alcanzado. La convocatoria a un trabajo conjunto entre todos los sectores fue insoslayable.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
Previsto para fines de abril, se reprogramó para mayo. La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
Además de los nuevos valores del adicional, haberes del personal retirado y asignaciones familiares.
El Gobernador junto a miembros de su gabinete se reunió con las autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
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Lo acordó el oficialismo con parte de la oposición para lograr un dictamen de comisión con mayor consenso e impulsar el tratamiento de los proyectos en el recinto el próximo lunes.