La Defensoría del Público presentó el viernes último Nodio- Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Su objetivo es garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias a través de Internet.
Opinión12/10/2020
Este tipo de iniciativa parte de la convicción que, sostuvo Miriam Lewin, titular de la Defensoría, insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Queda en riesgo la propia convivencia democrática cuando se construye con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia, dicen los fundamentos de Nodio. En ese marco y a juicio de quienes promueven esta iniciativa, resulta necesario un espacio público y plural desde el cual estudiar e investigar estos fenómenos, promover la discusión pública sobre los mismos y servir de sustento para nuevas políticas públicas que protejan el derecho a la comunicación de las audiencias.
Se reconoce que Internet facilita el acceso a la información de manera habitual y aumenta el volumen de la misma, lo que llevó a que se mejoren ciertos procesos democráticos para que sean más participativos e inclusivos. Pero se constató que ha contribuido a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, lo que representa un problema cada vez mayor para el normal desarrollo de la vida democrática en su conjunto. Existe un riesgo cierto a crear un entorno de intolerancia, profundamente corrosivo del debate público.
En el afán de lograr, desde el gobierno y no desde la sociedad, un periodismo de alta calidad, el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet, entre otras iniciativas, es que se formula este tipo de iniciativa. Frente a ella, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación. Considera que la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover.
ADEPA representa a un sector en pugna con ciertas consideraciones respecto del manejo de información y su intervención es legítima más no desprendida de intereses que son de carácter económico especialmente pero también políticos. Por ello es que observa que las iniciativas que provienen de organismos públicos, pueden convertirse en mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta y pueden facilitar persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.
En vísperas de la apertura de un año electoral, muchas propuestas pueden caer en el campo de la puja por el poder que se resuelve en las urnas y una buena intención termina llevando agua para el molino de los contendientes. La asociación que nuclea a empresas periodísticas advirtió que la libertad de prensa requiere un sólido andamiaje institucional y económico, un déficit de la democracia argentina cada vez más evidente. La oposición entró en estado de alerta y criticó la iniciativa por considerar que es el primer paso hacia el Ministerio de la Verdad; esto es, un cepo para controlar a la prensa.
Corresponde a la sociedad defender su derecho a estar informada. Y en esa línea no debe tolerar tutores sino exigir el libre acceso a la información pública para definir por sí qué es falso y malicioso.
Salta, 12 de octubre de 2020
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.