La Defensoría del Público presentó el viernes último Nodio- Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Su objetivo es garantizar iniciativas que protejan a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias a través de Internet.
Opinión12/10/2020
Este tipo de iniciativa parte de la convicción que, sostuvo Miriam Lewin, titular de la Defensoría, insultar a quien piensa distinto, cancelar a quien es diferente, descalificar, agredir y no argumentar, bloquea el diálogo y vulnera derechos. Queda en riesgo la propia convivencia democrática cuando se construye con falsedades noticias que apelan a la emocionalidad y fortalecen prejuicios que fomentan la intolerancia, dicen los fundamentos de Nodio. En ese marco y a juicio de quienes promueven esta iniciativa, resulta necesario un espacio público y plural desde el cual estudiar e investigar estos fenómenos, promover la discusión pública sobre los mismos y servir de sustento para nuevas políticas públicas que protejan el derecho a la comunicación de las audiencias.
Se reconoce que Internet facilita el acceso a la información de manera habitual y aumenta el volumen de la misma, lo que llevó a que se mejoren ciertos procesos democráticos para que sean más participativos e inclusivos. Pero se constató que ha contribuido a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, lo que representa un problema cada vez mayor para el normal desarrollo de la vida democrática en su conjunto. Existe un riesgo cierto a crear un entorno de intolerancia, profundamente corrosivo del debate público.
En el afán de lograr, desde el gobierno y no desde la sociedad, un periodismo de alta calidad, el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet, entre otras iniciativas, es que se formula este tipo de iniciativa. Frente a ella, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación. Considera que la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto que sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover.
ADEPA representa a un sector en pugna con ciertas consideraciones respecto del manejo de información y su intervención es legítima más no desprendida de intereses que son de carácter económico especialmente pero también políticos. Por ello es que observa que las iniciativas que provienen de organismos públicos, pueden convertirse en mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta y pueden facilitar persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.
En vísperas de la apertura de un año electoral, muchas propuestas pueden caer en el campo de la puja por el poder que se resuelve en las urnas y una buena intención termina llevando agua para el molino de los contendientes. La asociación que nuclea a empresas periodísticas advirtió que la libertad de prensa requiere un sólido andamiaje institucional y económico, un déficit de la democracia argentina cada vez más evidente. La oposición entró en estado de alerta y criticó la iniciativa por considerar que es el primer paso hacia el Ministerio de la Verdad; esto es, un cepo para controlar a la prensa.
Corresponde a la sociedad defender su derecho a estar informada. Y en esa línea no debe tolerar tutores sino exigir el libre acceso a la información pública para definir por sí qué es falso y malicioso.
Salta, 12 de octubre de 2020
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
El ex intendente y actual concejal de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, recibió una condena efectiva por causas de peculado y malversación de fondos. La justicia lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) se presentó en el Ministerio de Educación de Salta para retirar documentación clave en una causa por falsificación de certificados.