Hacia los años de 1950, la educación primaria nos transmitía una visión estrecha de la geografía salteña. El cerro San Bernardo, las Lomas de Medeiros y los ríos Arenales y Arias parecían delimitar el horizonte de aquellos niños, entre los que me contaba.
Opinión05/10/2020
Visualmente apreciábamos el espléndido verdor que nos rodeaba, pero no teníamos noticias de Las Yungas ni del valor del ambiente ni de la necesidad de que los seres humanos tuviéramos una relación amigable con la vida diversa que caracterizaba a nuestra rica naturaleza circundante.
Hoy, al ritmo de cambios culturales que se producen a escala planetaria, muchos salteños hemos desarrollado una conciencia ecologista y procuramos hacer lo que esté a nuestro alcance para proteger la biodiversidad y actuar teniendo presente los derechos de las futuras generaciones.
Sin embargo, otros muchos descreen de estos postulados, y unos muy pocos se dedican a depredar bosques, aguas y especies animales.
Entre los muchos errores cometidos en los años de 1990 hay uno que me interesa destacar: El desmantelamiento de la Administración General de Aguas de Salta, AGAS.
En este terreno vital, la retirada del Estado regulador, arbitrador y vigilante en beneficio de una suerte de privatización de la gestión de las aguas públicas concluyó en un rotundo fracaso que amenaza con retrotraernos a la ley de la selva.
Si bien el Código de Aguas y las Leyes de Protección del Ambiente y de Ordenamiento de los Bosques Nativos resultan compatibles con la defensa del ambiente y acordes con la Constitución Nacional reformada en 1994, su efectiva vigencia tropieza con tres inconvenientes.
El primero es la incapacidad de la Secretaria de Asuntos Hídricos (presunta heredera de AGAS) para cumplir los roles que le asignan las leyes. Su menguada estructura parece haber perdido ilusión lo que reduce su compromiso con los principios ambientales. Por lo demás, el organismo carece -desde hace años- de una orientación política que la impulse a tutelar nuestros recursos hídricos.
No existe la Policía Hídrica. Las estadísticas hídricas son erráticas e insuficientes. La mayoría de las encomiendas contenidas en el Código de Aguas no se cumplen.
El segundo motivo, es la voracidad de los especuladores que saben que apropiarse de las aguas, contaminar ríos, privatizar las riberas es una aventura sin castigo que da jugosos dividendos.
La tercera causa de este divorcio entre la ley y la realidad ambiental es, nada más y nada menos, que la trayectoria de nuestra Corte de Justicia.
Tras la salida de la doctora Cristina Garros, el alto tribunal desdeña el nuevo derecho ambiental y desconoce el nuevo derecho de aguas. No hay entre sus 9 vocales un especialista o, al menos, profesionales con sensibilidad por estos temas. En realidad, cuando se encuentra un talento entre los 9, ese talento está vinculado al viejo derecho civil o al proceloso derecho penal. Y poco más.
Carecemos de un fuero ambiental y la Corte se mueve en base al principio “en la duda a favor del depredador”, amparada en una filosofía (si así puede llamarse) individualista, egoísta y de corto plazo.
Con este panorama, Salta, además de ser una zona franca laboral (donde no rigen los derechos de los trabajadores), es una zona franca ambiental. Sólo hace falta tener buenos contactos y mucha codicia.
Nuestro pobre panorama judicial contrasta con el activismo ambientalista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, muy recientemente, emitió un ejemplar pronunciamiento en un pleito entre las Provincias de La Pampa y Mendoza por el uso del agua del rio Atuel.
Como bien dice la Corte Suprema, la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente. La visión basada en un modelo antropocéntrico, centrado en la utilidad privada que una persona puede obtener del agua o bien en la utilidad pública definida por el Estado, ha mutado hacia un modelo eco-céntrico o sistémico. El paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema.
Y añade que, para responder al desafío que plantea la disminución de la oferta de agua y el aumento de la demanda, resulta imprescindible calcular los caudales y fijar un caudal mínimo apto para la recomposición del ecosistema afectado.
Mala noticias para los especuladores; al menos para aquellos que actúan fuera de Salta, una provincia diferente y jurídicamente decimonónica.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
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En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.