La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Opinión19/11/2025
La Asociación de Trabajadores del Estado ha tomado la delantera en el planteo salarial que ya fue presentado por la mesa intergremial a la conducción económica provincial y ha expresado su inquietud ante la demora de presentar una contrapropuesta. Se suma a la preocupación manifestada por los trabajadores municipales del interior respecto de la renovación de contratos y ajustes de personal, que los intendentes tendrían que evaluar ante la complicada situación de sus cuentas. Un tercer factor que debe atenderse es la reforma laboral que el gobierno nacional quiere disponer para el país y que, seguramente, tendría su impacto en las políticas locales.
No es un exceso de celo por parte de la conducción sindical. Hay señales claras que están anunciando que los gobiernos provincial y comunales deben atender los cambios que se están negociando con el gobierno central y se reflejarán en su presupuesto. Reflejo de esta previsión es el proyecto para Salta al que la Cámara de Diputados dio media sanción en su sesión de este martes y que será despachado por el Senado al Ejecutivo para su promulgación este jueves.
El gobernador Gustavo Sáenz se está asegurando manos libres para adecuar esa norma a lo que resulte de las demandas presentadas a la Casa Rosada y del debate que llevará adelante el Congreso en sesiones extraordinarias. Por ello es que se ha reservado facultades para introducir las modificaciones necesarias a fin de hacer frente a los cambios que puedan suscitarse durante el próximo ejercicio fiscal.
No es novedosa esta cesión que le hace la Legislatura; es una práctica a la que han recurrido los gobernadores desde la década del 90, facilitada por las mayorías que tratan de asegurarse en cada cámara. Si bien sirve para manejar las crisis que recurrentemente afectan a la administración de recursos públicos, la otra cara de esta moneda son las dificultades para controlar esos manejos. Ello se visualiza en la rendición de la cuenta de inversión de cada ejercicio, que no es oportuna ni demasiada precisa. Los informes de la Auditoría General de la Provincia suelen contener observaciones sobre los límites que tiene su tarea y que sostienen las críticas que la oposición marca a la hora de aprobarlas, tal como ha ocurrido con la del ejercicio 2023, que también ha logrado su media sanción.
Como sea, Sáenz tiene autorización para a modificar el Presupuesto Ejercicio 2026, cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias, o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y convenios. Esta licencia le permitirá, por ejemplo, acceder a ajustes salariales renegociados.
El Ejecutivo también tendrá la facultad de endeudarse hasta casi 300 mil millones de pesos sin estar demandando la autorización legislativa correspondiente en tanto no supere ese monto pero también queda autorizado a acceder a préstamos con Organismos Multilaterales de Crédito, con el Sector Público Nacional y con el agente financiero de la Provincia, para ser destinados al financiamiento de obras de infraestructura, materiales o equipamiento.
Son tiempos difíciles que justifican el estado de alerta de los gremios estatales. El equilibrio presupuestario está empujando a contemplar la situación de los contratos, el congelamiento de vacantes y la prudencia en las revisiones salariales.
Se pondrán a prueba la madurez y la responsabilidad de la dirigencia política y sindical.
Salta, 19 de noviembre de 2025
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Con puntualidad se están encarando las acciones propias del cierre del año. Las prórrogas de emergencias vigentes en la Provincia han comenzado a tratarse en la Legislatura como sucede, en algunos casos, desde hace tres décadas.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.
Los legisladores trataron sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo que establece el marco legal que define la estructura del gobierno salteño. La iniciativa prevé la reducción del número de Ministerios a 8, así como la reducción de Secretarías.