Prueba

La Asociación de Trabajadores del Estado ha tomado la delantera en el planteo salarial que ya fue presentado por la mesa intergremial a la conducción económica provincial y ha expresado su inquietud ante la demora de presentar una contrapropuesta. Se suma a la preocupación manifestada por los trabajadores municipales del interior respecto de la renovación de contratos y ajustes de personal, que los intendentes tendrían que evaluar ante la complicada situación de sus cuentas. Un tercer factor que debe atenderse es la reforma laboral que el gobierno nacional quiere disponer para el país y que, seguramente, tendría su impacto en las políticas locales. 

No es un exceso de celo por parte de la conducción sindical. Hay señales claras que están anunciando que los gobiernos provincial y comunales deben atender los cambios que se están negociando con el gobierno central y se reflejarán en su presupuesto. Reflejo de esta previsión es el proyecto para Salta al que la Cámara de Diputados dio media sanción en su sesión de este martes y que será despachado por el Senado al Ejecutivo para su promulgación este jueves.

El gobernador Gustavo Sáenz se está asegurando manos libres para adecuar esa norma a lo que resulte de las demandas presentadas a la Casa Rosada y del debate que llevará adelante el Congreso en sesiones extraordinarias. Por ello es que se ha reservado facultades para introducir las modificaciones necesarias a fin de hacer frente a los cambios que puedan suscitarse durante el próximo ejercicio fiscal. 

No es novedosa esta cesión que le hace la Legislatura; es una práctica a la que han recurrido los gobernadores desde la década del 90, facilitada por las mayorías que tratan de asegurarse en cada cámara. Si bien sirve para manejar las crisis que recurrentemente afectan a la administración de recursos públicos, la otra cara de esta moneda son las dificultades para controlar esos manejos. Ello se visualiza en la rendición de la cuenta de inversión de cada ejercicio, que no es oportuna ni demasiada precisa. Los informes de la Auditoría General de la Provincia suelen contener observaciones sobre los límites que tiene su tarea y que sostienen las críticas que la oposición marca a la hora de aprobarlas, tal como ha ocurrido con la del ejercicio 2023, que también ha logrado su media sanción.

Como sea, Sáenz tiene autorización para a modificar el Presupuesto Ejercicio 2026, cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias, o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y convenios. Esta licencia le permitirá, por ejemplo, acceder a ajustes salariales renegociados.

El Ejecutivo también tendrá la facultad de endeudarse hasta casi 300 mil millones de pesos sin estar demandando la autorización legislativa correspondiente en tanto no supere ese monto pero también queda autorizado a acceder a préstamos con Organismos Multilaterales de Crédito, con el Sector Público Nacional y con el agente financiero de la Provincia, para ser destinados al financiamiento de obras de infraestructura, materiales o equipamiento.

Son tiempos difíciles que justifican el estado de alerta de los gremios estatales. El equilibrio presupuestario está empujando a contemplar la situación de los contratos, el congelamiento de vacantes y la prudencia en las revisiones salariales.

Se pondrán a prueba la madurez y la responsabilidad de la dirigencia política y sindical.

Salta, 19 de noviembre de 2025