Lo que irrumpió como una intención en plena cuarentena, va tomando cuerpo y se está instalando en el Congreso de la Nación. Se trata de la regulación de la importación y comercialización de la hoja de coca en el norte argentino.
Opinión12/08/2020
Fue en mayo cuando el diputado provincial Ignacio Jarsún propuso discutir una ley para Salta, luego que el aislamiento social produjera un visible faltante de hojas de coca en todo el NOA, debido al cierre del ingreso de ese producto desde Bolivia. Las leyes de mercado se activaron y ante la gran demanda de una limitada oferta los precios se fueron a las nubes.
El resultado fue que se visibilizó un comercio marginal que genera pingües ganancias para quienes participan en el mismo; según se ha señalado moviliza unos 200 millones de pesos por mes. Es que hay un aprovechamiento de una situación paradójica: se trata del consumo legal de un producto que tiene prohibido su ingreso al país.
Las pretensiones de los legisladores provinciales son un intento por establecer un marco legal que apuntara a lograr un ordenamiento que incluya la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico y de investigación científica. El avance de la iniciativa, que tomó impulso en la Cámara de Senadores donde llegó a la integración de una comisión especial que tiene la tarea de realizar un estudio integral de la cuestión, aceleró una tarea que venían empujando lentamente los diputados nacionales de Cambiemos por Salta.
Los legisladores nacionales se centran especialmente en el problema de la introducción de la hoja de coca al país y la existencia de normas en los cuales se la considera como sustancia prohibida y peligrosa, lo que genera acciones ilegales como el contrabando. Pero también trata de establecer el control sobre su comercialización. El primer artículo del proyecto que se presentó en Diputados de la Nación dispone que la tenencia o consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. Para ello determina la derogación de normas que impiden su introducción al país.
Sin embargo, lejos se está de resolver realmente la cuestión. Es lo que ha advertido un experto, quien actualmente es el Procurador General de la Provincia. Abel Cornejo ve en los movimientos que se realizan solo voluntarismo y no sirve para ir muy lejos.
Aun coincidiendo con la necesidad de sostener una costumbre ancestral como la del coqueo, no ignora que la planta, que se produce en solo tres países de América Latina y muy pocas otras naciones fuera del subcontiente, es el insumo básico de la cocaína. Es por ello que se le da trato de estupefaciente, figura como un elemento peligroso y pesa sobre ella una estricta prohibición de producción, comercialización y consumo.
Convenciones internacionales a los que la Argentina adhirió y ratificó ponen un cepo a las intenciones de legisladores provinciales y nacionales salteños. Esta Nación deberá denunciar el artículo que le da ese carácter a la hoja de coca, lo que convierte a la cuestión en algo más que en un tema aduanero, que además no puede resolverse con otro país sino con un conjunto de no menos de 50 estados suscriptores de las Convenciones. No sirve el guiño que la Embajada de los Estados Unidos dio al proyecto de los diputados macristas.
La pandemia exige que muchas situaciones estén ordenadas, por razones sanitarias. El trato que se da a la hoja de coca no puede tener un tramo de clandestinidad y urge encarar su tratamiento.
Salta, 12 de agosto de 2020
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
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El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
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La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.
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