La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo, y pidió su detención preventiva.

En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.

La investigación había comenzado el pasado 20 de noviembre, luego de que el ministro de Gobierno de la administración interina de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, publicara la información.

En ese entonces, el gobierno presentó los cargos de “sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo”, y dos fiscales pidieron que se aprehendiera a Morales y se lo llevara a comparecer ante la fiscalía.

No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.

Este lunes los fiscales decidieron imputar formalmente a Morales y pedir su detención, en lo que representa el primer movimiento significativo de la causa contra Morales desde entonces.

Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.

Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

En concreto, le ordena que hagan “cercos de verdad” de modo que “no entre comida a las ciudades”. Además, le explica que, para que la gente no se “canse” los organice en grupos que se vayan rotando “cada 24 horas”. “Hay bloqueo hasta ganar, hermano”, le indica.

En ese momento, Morales se encontraba en México, país al cual se había exiliado después de renunciar a la presidencia y antes de viajar hacia Argentina. El ex mandatario no ha reaccionado públicamente a la imputación y el pedido de detención.

Sí lo hizo el gobierno interino, que a través de Murillo, expresó: “Celebramos que el terrorista Evo Morales sea imputado por terrorismo. Hay esperanza, se hará justicia. Ojalá tenga la valentía de volver y purgar 30 años de cárcel que es lo mínimo que merece”.

El gobierno interino continúa a cargo del Ejecutivo, luego de que las elecciones especiales fueran pospuestas por la pandemia del nuevo coronavirus. Los nuevos comicios, que deberían haber tenido lugar en mayo, fueron reprogramados para el próximo 6 de septiembre.

Áñez, no obstante, mantiene que no se puede ir a las urnas “en plena pandemia” por la COVID-19, que según estimaciones de su gabinete puede tener un pico en el país precisamente a comienzos de septiembre.

La también candidata promulgó la ley, pero asegurando que solo lo hacía por “presiones” de otros candidatos como el ex presidente Carlos Mesa, de la agrupación Comunidad Ciudadana, y el ex ministro Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), designado por Morales como representante del partido que lidera.

Mesa, Arce y otros candidatos critican que su Gobierno es transitorio, no salió de las urnas y no puede prorrogarse indefinidamente con argumentos como la emergencia sanitaria ante el coronavirus. Bolivia cuenta ya 39.297 casos confirmados, incluidas 1.434 víctimas mortales, con Santa Cruz y Beni como principales focos de contagio.

La ley la presentó el órgano electoral tras un acuerdo con varias de las ocho candidaturas que concurren a los comicios y fue aprobada en el Parlamento, donde tiene mayoría el MAS.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del MAS, había advertido que ejercería su potestad constitucional, pues actúa además como presidenta de la Asamblea, y la promulgaría si no lo hacía Áñez.

Pero el ejecutivo de Áñez continúa con sus esfuerzos para cambiar la fecha. La ministra de Salud, Eidy Roca, planteó que sea el Comité Científico de su Ministerio, que se ha encargado de hacer el seguimiento de la pandemia de coronavirus en el país, quien decida cuándo deben celebrarse.

“Creemos que el Comité Científico asesor del Ministerio de Salud, que está integrado por un grupo plural de profesionales, debe ser el que, en función de las informaciones técnicas, haga las recomendaciones sobre este asunto que provocó tanta polémica”, dijo Roca sobre la fecha de los comicios en un mensaje grabado que difundió el domingo.

Infobae