Entre la judicialización y la confrontación avanza la vinculación entre los Ejecutivos nacional y provinciales. Hay esfuerzos para reencauzar una relación que debiera ser más armónica y madura.
Diálogo
Sin un acercamiento efectivo con la intendenta Bettina Romero, los concejales tomaron el pedido de trabajadores de Tránsito, que reclaman un espacio para analizar la situación del sector. No se trata de escuchar decisiones tomadas sino de una oportunidad para formular sus reparos a una nueva política que la gestión del Ejecutivo Municipal está dispuesta a llevar adelante.
Opinión 04/06/2020Por ser unos de los sectores más combativos de la administración comunal, los trabajadores de lo que ahora se ha constituido como Secretaría de Movilidad Ciudadana fueron protagonistas, desde diciembre pasado, de una sucesión de protestas para mejorar su situación laboral, desde el edificio a la consideración de una tarea que se lleva adelante con ciertas falencias. La inseguridad del tránsito en la ciudad más importante de la Provincia es una dolorosa realidad que se manifiesta en las luctuosas cifras de accidentes con los que cierra cada año.
No es que no haya sido una política pública de cada gobierno la intención de introducir un ordenamiento que haga más amigable la vida ciudadana. Uno de los puntos más altos fue la decisión, en su tercer turno de gobierno, del entonces intendente Miguel Isa de poner en marcha el Plan Integral de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable. El objetivo fue agilizar el flujo vehicular, hacerlo más seguro para peatones y conductores, disminuir los siniestros viales y lograr un tránsito más ordenado, mejorando así la calidad de vida de todos los salteños. Su cimiento era la Seguridad Vial, planteada como política de Estado para modificar conductas sociales.
Fue un intento oneroso pero inútil. Su sucesor, el actual gobernador Gustavo Sáenz, estimó en 70 millones de pesos el costo de una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión municipal de Isa. Preveía la instalación de semáforos inteligentes, cinemómetros fijos y móviles, la elaboración de un Plan de Educación Vial, un Plan de Difusión y Concientización Ciudadana y la creación de un Observatorio de Tránsito y la Seguridad Vial. Solo se instrumentaron fotomultas, cuyo producido se lo llevó la Universidad Tecnológica Nacional junto con los aparatos instalados, incluyendo hasta los cables, se comentaba en 2016, cuando se abandonó un acuerdo inconveniente.
Hoy vuelve hablarse de un Plan de Movilidad urbana para la Ciudad de Salta orientado a renovar y refuncionalizar el micro y macro centro; consolidar las principales avenidas como corredores troncales de circulación, con carriles exclusivos y mejoras en su equipamiento urbano, previéndose asimismo incorporar como herramienta fundamental, tecnologías apropiadas. Un lugar destacado tendrá la Educación Vial, entendiéndola como la adquisición de conocimientos, valores, hábitos y competencias para la formación de ciudadanos responsables, con conciencia vial, fomentando el respeto a los demás, la cordialidad y el civismo, sembrando sensatez y alcanzando, en definitiva, el grado de madurez necesario que permita como comunidad, distinguir y controlar cualquier situación que entrañe riesgo, para nosotros mismos y para los demás. Esa tarea será la principal de los empleados del sector.
Es lo que expresa la Resolución 1 de la flamante Secretaría en la que se convirtió la devaluada Dirección de Tránsito. Y es la norma que ha llevado hasta la sede del Concejo Deliberante a un importante número de agentes, que rechazan la ratificación de un convenio entre los gobiernos de la Provincia y la Municipalidad que les quita la facultad de labrar actas de infracción a las normas de tránsito. Los concejales les dieron un apoyo con una resolución pidiendo la conformación de una mesa para acercar posiciones.
Aunque no parezca, es una titánica tarea frente a un gobierno que no tiene en la capacidad de diálogo una virtud.
Salta, 04 de junio de 2020
Nuevamente el gobernador Gustavo Sáenz reclamó por las redes sociales el maltrato que reciben las provincias de parte del Ejecutivo Nacional. En un enfático mensaje cuestionó que, mientras se retiró todo aporte para el transporte de pasajeros en el interior del país, se incrementó la partida que con ese fin destina al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Sin tregua se toman decisiones para avanzar definitivamente hacia un nuevo ordenamiento de políticas en un país en emergencia.
En la misma medida que se acortan los plazos se intensifican las negociaciones para ordenar las relaciones entre Nación y Provincias, en base a vínculos razonables. La ley de Bases es la plataforma para definir el Pacto de Mayo que configurará el marco político de los próximos cuatro años.
El ajuste de tarifas de servicios esenciales se ha constituido en una de las preocupaciones más importantes de gobierno y empresas.
La salida de la crisis es a través de un pacto de gobernabilidad. Debe contener las aspiraciones y los límites de las partes que actualmente son protagonistas de una riesgosa confrontación.
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