El exsecretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Céspedes, consideró que el intendente Enrique Prado fue engañado y resaltó que desde el año 2017 ya había 19 denuncias en Tartagal por el robo de caños del Gasoducto del NEA pero nadie vio ni dijo nada.
Judiciales02/06/2020
Por Aries, Céspedes aseguró que firmó la resolución para que la empresa Osyp se llevara el material del municipio porque se comprometían a generar mano de obra y eso lo había visto como una solución a la protesta de desocupados que se registraba en la zona por esos días.
Agregó que la autorización debería haber sido rubricada por el Secretario de Gobierno, pero este funcionario se encontraba de viaje, así que lo hizo él porque de esta manera correspondía y lo venían haciendo así hace varios años.
Recordó que cuando pidió explicaciones al respecto, el intendente de Aguaray le dijo que se trataba de un pedido para retirar “pasivos ambientales” y que no iba a generar ningún costo para el municipio.
Céspedes consideró que el jefe comunal Prado no estuvo solo, pero evitó ahondar más porque asegura que todavía no le cayó la ficha de la causa judicial que se originó y en la que está imputado.
Sin embargo, agregó que el intendente de Aguaray fue engañado porque esta situación viene del año 2017 ya que en Tartagal hay 19 denuncias sobre esto y nadie vio ni dijo nada.
Calificó a la gente de la empresa Osyp como “bandoleros” anduvieron con esta resolución por todo el país, recorriendo lugares por donde paseaban los caños.
Remarcó que es inocente porque no robó ni defraudó al Estado, y jamás imaginó estar involucrado en una causa así.
Por último, Céspedes dijo que está dolido con el intendente Prado porque “tendría que haberme dado explicaciones”.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
Junto a la Escuela Técnica N°3142 de Cafayate y la Municipalidad, ambas empresas pusieron en funcionamiento la estación que permite la carga de celulares, inflar bicicletas y cargar agua para el mate.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
Realizan radio abierta, charlas sobre violencia, culminando el 25 con la marcha anual. “Tienen que haber más políticas de prevención" señaló la asesora legal de GEMA, Tania Kiriaco.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.