
Concejales aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo que le otorga la potestad de decidir la autoridad de aplicación en ordenanzas referidas a Habilitaciones Comerciales, Residuos Urbanos e Impacto Ambiental, entre otras.


En la sesión del Concejo Deliberante se aprobó el proyecto de Ordenanza mediante el cual se establece una sanción de 500 unidades tributarias ante La falta de contestación de un pedido de informes en término, por parte del funcionario del Departamento Ejecutivo Municipal.
Política27/05/2020La norma sancionada establece además que vencido el plazo, se aplicará una multa extra de 50 unidades tributarias por cada día de demora y en caso de que el cuerpo deliberativo expida una reiteración del pedido, se aplicará el triple de sanción sobre la multa establecida.
La concejal Paula Benavides, autora de la iniciativa en integrante del bloque Salta Independiente, señaló durante el tratamiento que las sanciones que estaban vigentes eran muy bajas ante la conducta de funcionarios del Ejecutivo que demora los expedientes.
“Tenemos que tomar esta postura de pedirle responsabilidad al Ejecutivo Municipal, que además tiene la obligación de contestar a los requerimientos del Concejo ya que está establecido en el artículo 35 de la Carta Orgánica Municipal y además está contemplado como un delito en el Código Penal, donde se prevé la omisión de deberes de funcionario público”.
La edil indicó también que es importante disuadir la conducta de los funcionarios que no cumplen para contar con la información en tiempo y forma y aplicar las sanciones correspondientes.

Romina Arroyo
Por su parte, la concejal del bloque Salta Tiene Futuro, Romina Arroyo, indicó que la multa que estaba vigente era de sólo 250 unidades tributarias.
En tal sentido, citó un pedido de informes presentado a principios de marzo que no fue respondido y que estaba relacionado al hospital de las mascotas.
Además, Arroyo remarcó que los concejales tienen una función elemental entre otras y tiene que ver con el control del gasto público, con lo cual si los informes no se responden no se puede cumplir con la misma.
En tal sentido, la edil pidió que también se analicen sanciones ante las ausencias de funcionarios a las reuniones que se planifican y que en muchos casos agilizan los mecanismos de recabar la información.
“Cada vez que citamos a un funcionario lo hacemos para recabar información y para llevar adelante nuestra labor legislativa y debería ser una responsabilidad de los funcionarios asistir a las reuniones”, enfatizó y dijo que le parece “una falta de respeto que horas antes avisen de forma informal que no asistirán”.

Concejales aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo que le otorga la potestad de decidir la autoridad de aplicación en ordenanzas referidas a Habilitaciones Comerciales, Residuos Urbanos e Impacto Ambiental, entre otras.

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