Conductas

Opinion 19 de mayo de 2020
Con 18 casos de COVID-19 cada 100 mil habitantes, la Argentina es observada positivamente en el mundo por el tratamiento de la pandemia. Se sabe, sin embargo, que el pico se está acercando y los registros seguramente se van acelerar. Los gobernantes no están dispuestos a pagar el costo de un desvío provocado por la irresponsabilidad social más que por un error de estrategia.
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Un repaso por los países vecinos dan cuenta que sólo Uruguay comunica datos similares a los argentinos e, incluso, la cuarentena alcanzó un nivel de flexibilización del tipo 4 que opera en este territorio. Los demás muestran cifras preocupantes, con picos muy altos en Brasil, Chile y Perú. 

Bolivia, con el que Salta tiene fronteras oficiales y clandestinas más transitadas, ha reportado a través del Ministerio de Salud que 62 municipios se encuentran en riesgo alto por coronavirus. El dato preocupante es que dos de ellos, Cercado y Yacuiba, pertenecen al departamento de Tarija, mención que advierte del riesgo que pesa sobre esa área de la Provincia. 

Ese contexto justifica que varios distritos han adelantado cualquier decisión del Ejecutivo nacional respecto del aislamiento que vence el domingo próximo. Varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y también Córdoba Capital, decidieron volver a etapas previas de cuarentena, luego de evaluar el avance de la pandemia y el comportamiento social ante las flexibilizaciones. En tanto, se observa con expectativa lo que ocurrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el impacto que tendrá en la decisión presidencial.

Hasta el momento, el aislamiento dispuesto en marzo por dos semanas, se fue ampliando por plazos similares pero, a la vez, cambiando su naturaleza según el margen de liberación del confinamiento de actividades económicas y sociales. El grado de apertura quedó bajo la responsabilidad de gobernadores e intendentes, que tuvieron que atender varios frentes.

En el caso de Salta, la actividad más compleja sigue siendo, al parecer, la amplitud  del paso por las fronteras. Las internacionales están bajo un control incrementado de las fuerzas federales; las interprovinciales son de responsabilidad del Comité de Operaciones de Emergencia, que evalúa las situaciones y aprueba los protocolos para cualquier actividad vinculada a la pandemia. 

Al respecto, la llamada “repatriación” de salteños ha tenido sus costos y sus riesgos, tanto para el Gobierno como para los particulares involucrados. La dificultad de esta tarea tiene que ver con el hecho que no se ha detectado circulación viral comunitaria; los cinco casos confirmados hasta el momento fueron importados.

Hay que destacar que la etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el que atraviesa Salta es el más avanzado, al punto que es uno de los tres distritos que autorizó la práctica de deportes individuales. Sin embargo, la atención es estricta y la situación se ha tensado por violaciones de la cuarentena de quienes fueron autorizados a retornar a la Provincia.

Pesa sobre la población la advertencia que se puede retornar al inicio, si de frenar el avance del coronavirus se trata. Las inconductas deben ser controladas no solo por los gobiernos. Estas son las cuestiones que dan sentido al llamado a la responsabilidad social. 

Salta, 19 de mayo de 2020

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