Tanto a nivel nacional como provincial se está trabajando en una nueva etapa de cuarentena, dado que el próximo domingo cerrará la vigente. Con una evolución previsible del COVID 19 en el país, demanda más atención el impacto que su irrupción ha producido en otros ámbitos de la vida del país.
Controlada la pandemia, se activará un trípode que se está construyendo con lo que el titular de Hacienda de Salta, Roberto Dib Ashur, llamó “herramientas de despegue”. Se trata de la inversión pública, el apoyo crediticio a la producción y el incentivo al consumo. Algunas medidas ya fueron anunciadas pero resultaron inaplicables hasta el momento por las restricciones que impone el aislamiento y la incertidumbre que forma parte del complejo escenario mundial.
Hay muchas definiciones que deben alcanzarse previamente, como la negociación de la deuda pública que ha generado obligaciones cuyo volumen es impagable en el marco de la crisis argentina que, vale aclararlo, no es consecuencia de la pandemia sino el resultado de desacertadas políticas nacionales. Esa dependencia ha empujado al gobierno local a adherir a una solicitada expresando el apoyo a la oferta realizada por el gobierno de Alberto Fernández, que estará vigente hasta el viernes, aunque ya fue rechazada por el grueso de los bonistas acreedores.
En default, el país no tendrá crédito y las provincias serán arrastradas hacia esa situación si no pueden cumplir con su propio endeudamiento. Salta logró renegociar sus obligaciones con la Nación pero debe manejar con sumo cuidado el pago de la deuda con acreedores externos, cuyas cuotas venían siendo saldadas saldadas con previsiones cuyo mantenimiento no ha sido explicado respecto de vencimientos futuros.
El margen de manobra provincial es estrecho y así lo reconocen las autoridades locales. La firmeza con la que el mandatario salteño se parapetaba detrás de la cuestión sanitaria ha comenzado a flexibilizarse. Ha reconocido que no se puede seguir en encierro y mucho menos, ignorar la necesidad de trabajar que tienen las empresas, sus dueños y empleados. Esa necesidad no es menor en el caso de otros sectores, desde aquellos que desarrollan actividades liberales a los que sobreviven en la marginalidad, haciendo un ejercicio permanente de creatividad para aportar la diaria al presupuesto familiar.
Con cuatro casos de coronavirus confirmados en más de 60 días y un clamor creciente por la vuelta a la normalidad, Gustavo Sáenz tuvo que abandonar sus pruritos por la falta de certeza respecto de la circulación viral y ha pedido autorización para que los comercios y otras actividades comiencen a tener “un mayor rodaje”, según anunció. Lo suyo es un intento por ir alcanzando el equilibrio en el movimiento integral de vida comunitaria; tiene la posibilidad de volver atrás si no funciona.
“Esto no ha terminado; esto recién empieza”, es la advertencia.
Le queda a la sociedad acompañar responsablemente la decisión.
Salta, 05 de mayo de 2020
