No menos significativo es el número de personas que indirectamente dependen que las obras privadas se desarrollen y están a la espera que se incluyan en el listado de actividades autorizadas. Ello llevó a que el gobernador Gustavo Sáenz adelante la decisión que se oficializará luego que se concrete el anuncio presidencial de extensión del aislamiento, por lo menos hasta la primera quincena de mayo.
El mandatario consideró que debe imponerse el sentido común. Al estar habilitada la obra pública, se debe flexibilizar la obra privada con los protocolos que corresponden, fue la conclusión, que tiene indiscutibles razones que también son de necesidad y urgencia.
La reactivación venía siendo requerida por cámaras empresarias vinculadas a la construcción y a los negocios inmobiliarios, además de asociaciones de profesionales y el poderoso gremio del sector, la UOCRA. La última advertencia tuvo que ver con la concreta posibilidad de corte de la cadena de pagos, por la insuficiencia de medidas de apoyo dispuestas por los gobiernos nacional y provincial.
Atento a la caída de la obra pública que venía registrándose desde 2019, la reactivación parcial para desarrollar las de carácter sanitario no ha logrado poner de pie a una importante estructura que se integra con empresas que solamente realizan obras privadas, industrias que elaboran insumos y comercios que los proveen. Es cierto que la pandemia que motiva la paralización no deja ganadores, cuando golpea a rubros con alto efecto multiplicador, el problema alcanza dimensiones inusitadas.
Vale como dato lo informado por la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina de Salta, respecto de que el 95% de los obreros del sector está sin trabajar y sin ingresos. Es que las particularidades de la situación laboral pone a buena parte de estos trabajadores cobrando jornales que se efectivizan si se presta la tarea aun manteniendo la relación de dependencia. Pese a no tener ingresos, no acceden a beneficio alguno precisamente porque son trabajadores activos. En ese estado se encuentra no menos de 8 mil obreros.
A ellos hay que sumar a los 1.300 profesionales que el Colegio de Arquitectos de Salta denunció como inactivos desde que se declaró la cuarentena y otros tantos ingenieros y profesionales afines que representa el COPAIPA. Ambas entidades ya le habían solicitado a los gobiernos provincial y municipal, su intermediación para que sus actividades sean excluidas del aislamiento obligatorio.
También están demandando esa gestión las empresas madereras y los respectivos sindicatos del sector maderero, que tiene especialmente al norte de la Provincia como área de producción de muchas pequeñas y medianas empresas. En este caso, además, se cuestiona que desde el Estado no haya señales de reducción del gasto público.
Se justifica la expectativa por el anuncio de excepciones de nuevos rubros para que vuelvan a sus actividades. A más de un mes de paralización total, la preocupación es creciente.
Salta, 23 de abril de 2020
