Los ministros de Educación y de Economía dieron las primeras señales de negociación salarial con los docentes provinciales, cuestión que suele resolverse en febrero para asegurar el inicio de clases en la primera semana de marzo. Sin embargo, desde el sector gremial destacaron que no se ha despejado la incertidumbre.
Opinión18/02/2020
Sitepsa, uno de los sindicatos más activos en materia de trabajo de bases, concurrió ayer a sendas reuniones con Matías Cánepa y Roberto Dib Ashur y, en principio, el valor de esos encuentros fue ratificar que se trata de funcionarios que representan a un gobierno dispuesto a dialogar. No sorprende el nulo avance hacia acuerdos locales en materia de sueldos. Es que en los primeros días de este mes, el titular de la cartera de Educación adelantó lo que este lunes dijo a los referentes gremiales; esto es, se esperará que se resuelva primero la negociación paritaria nacional para luego convenir en un marco provincial. También les indicó que serán unas paritarias abiertas con actualizaciones que se realizarán cada tres meses, a fin de ir ajustando valores conforme evolucione la inflación porque se tratará de evitar que los salarios de los maestros pierdan con ella.
Que el gobierno central haya dispuesto reimponer la paritaria nacional, que había sido suspendida como metodología de fijación del sueldo docente en 2018, le dio a las 24 provincias una instancia de discusión para apoyarse frente a demandas que, de no ser atendidas, pueden cerrar las escuelas; en algunos casos, ni siquiera permitir que se abran. Es en ese ámbito en el que se encontrarán razones para justificar el pedido de un aumento en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un aporte que realiza la Nación para sostener un piso de ingresos para ese sector de trabajadores. Las autoridades provinciales ya han anticipado que ninguna jurisdicción puede resolver sola la cuestión salarial, con lo que abrió un paraguas para demorar cualquier respuesta a exigencias locales.
Ese fue el mensaje que se transmitió a los dirigentes que ya concurrieron a la sede del Ejecutivo respondiendo a su convocatoria. Se les anunció que el próximo viernes tendrán un informe acabado de la situación financiera provincial, que será presentado por el titular de la cartera de Hacienda a los representantes de todas las áreas de la administración pública, para dejar habilitado el diálogo sectorial a cargo de cada ministro. Pero hubo un comentario preocupante en orden a que Salta por sí misma no puede hacer frente ni a lo que se acuerde en la paritaria nacional.
No es lo que precisó el subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior y ex Ministro de Economía de la Provincia. Emiliano Estrada informó en declaraciones periodísticas que tendrá ingresos adicionales este año por unos 7.000 millones de pesos por la suspensión del Consenso Fiscal, por cambios en las alícuotas de Bienes Personales y por el reperfilamiento de la deuda con Nación.
El ahora funcionario nacional solo advirtió sobre la necesidad de mantener, por lo menos, el equilibrio de las cuentas públicas. La información de la que dispone indica que el superávit de 3 mil millones de pesos que tenían a mediados del año pasado ha comenzado a descender y se ubica actualmente en más de 2.300 millones.
Ese panorama no justifica la inquietud de las autoridades económicas actuales pero pone en evidencia contradicciones que deben aclararse, para evitar conflictividad cuando se necesita madurez en la convivencia política.
Salta, 18 de febrero de 2020
Como suele suceder cada mes, el consumidor accede a un dato que explica su capacidad de compras y contribuye a la toma de decisiones sobre la optimización de sus ingresos. Es la inflación del mes anterior, que le indica la progresiva pérdida del valor de su salario.
Mientras en los pasillos del poder se celebran aperturas comerciales como sinónimo de “modernización”, en las fábricas argentinas se empieza a escuchar un murmullo cada vez más inquietante: la inminente llegada masiva de autos chinos podría arrasar con buena parte de la industria automotriz nacional. Lo que se vende como oportunidad para los consumidores, puede transformarse rápidamente en un golpe certero a la producción, al empleo y a las cadenas de valor que sostienen a miles de familias.
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
Según la dirección de la obra social de los jubilados, encontraron hasta insumos médicos vencidos. Habrá un “operativo de contingencia” hasta conseguir un nuevo sanatorio que atienda a 17.000 jubilados.
El ex fiscal de Corte señaló que, más allá de que el veto sea una facultad presidencial, de no sostenerlo en las Cámaras, Milei judicializaría el asunto, acción que calificó como “delirante” por embestir contra el Poder Legislativo.
El operativo se realizará este martes 15, de 9:30 a 12:30 horas. Se cortará la Pellegrini y 25 de Mayo desde Alvarado hasta España. Se solicita a los conductores tomar vías alternativas.
Ya hay entre 70.000 y 140.000 deportaciones en solo seis meses, pero el plan va más allá: busca quitar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes y revocar la residencia a quienes tengan Green Card si cometieron delitos.
Hace un año, el merengue ya había tocado la puerta de la joya, pero Mastan dijo que no y puso la firma con el Millonario. Hoy, 45 millones de dólares y vestir de blanco, cambiaron la postura de ambos lados.